El diputado provincial Juan José Bahillo (Partido Justicialista) presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen de beneficios fiscales progresivos para el sector productivo agropecuario de Entre Ríos.
La iniciativa contempla la suspensión de apremios fiscales, el diferimiento del pago de Ingresos Brutos y exenciones impositivas, con especial atención a los pequeños y medianos productores.
El diputado provincial Juan José Bahillo (Partido Justicialista) presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen de beneficios fiscales progresivos para el sector productivo agropecuario de Entre Ríos.
La iniciativa, impulsada en respuesta a las dificultades económicas actuales, contempla la suspensión de apremios fiscales, el diferimiento del pago de Ingresos Brutos y exenciones impositivas, con especial atención a los pequeños y medianos productores.
"El sector agropecuario es un pilar fundamental de nuestra economía provincial, y hoy enfrenta una combinación de factores adversos que ponen en riesgo su sostenibilidad", declaró Bahillo. "Los precios internacionales fluctuantes, la fijación del tipo de cambio, las retenciones a las exportaciones y la reciente sequía han generado una situación crítica, especialmente para los productores de menor escala".
Bahillo destacó que el objetivo del proyecto es brindar un alivio fiscal que permita a los productores sostener y potenciar sus actividades, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agropecuario a largo plazo. "Es un esfuerzo necesario para proteger a quienes trabajan la tierra y generan riqueza en nuestra provincia", afirmó el legislador.
El proyecto de ley, fundamentado en el principio de capacidad contributiva, propone las siguientes medidas:
Para acceder a los beneficios, los productores deben estar registrados y demostrar su actividad agropecuaria. Quedan excluidos quienes sean considerados grandes contribuyentes (no MiPyMe) por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. La cantidad de hectáreas se calculará según las Plantas 4, 5, 6 y 7, considerando la propiedad o la vinculación económica-productiva.