El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la sentencia definitiva por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente Nicolas Sarkozy y deberá cumplir una condena de arresto domiciliario con el uso de un brazalete electrónico durante un año.
Los abogados del que fuera presidente entre 2007 y 2012 adelantaron que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, aunque esa medida no suspende la aplicación de la pena.
Su condena responde a un caso de corrupción y tráfico de influencias, conocido en Francia como el 'caso Bismuth', en referencia al nombre falso que eligió Sarkozy para abrir una línea telefónica secundaria.
Las pesquisas se abrieron cuando los investigadores, que tenían bajo escucha los teléfonos de Sarkozy en 2014 en el marco de otro caso, descubrieron que su abogado le había abierto una línea secundaria con la que mantenían comunicaciones y que también fue pinchado. En esas escuchas descubrieron conversaciones que apuntaban a un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.
El caso supuso la primera condena para el exmandatario, dictada por el Correccional de París en marzo de 2021, pena confirmada en apelación en mayo de 2023 a tres años de cárcel, con la posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico, lo que ahora confirmó el Supremo.
Sarkozy enfrenta otras causas ante la Justicia, como el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi. Por este caso, deberá presentarse el próximo 6 de enero y podría enfrentar una pena de hasta diez años de cárcel.