La esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde hace dos meses, denunció que su marido sigue "incomunicado" y "sin acceso a un tribunal", mientras el Gobierno mantiene gestiones diplomáticas para conocer su situación.
"Parece mentira que ya mañana sean dos meses sin Nahuel, han sido durísimos", expresó María Alexandra Gómez, en declaraciones a radio Splendid. "Es horrible no saber nada de él. Está detenido e incomunicado, no hemos tenido ningún tipo de información", denunció.
De acuerdo al relato de Gómez, su esposo ya cumplió 60 días de detención sin haber sido presentado ante la justicia venezolana. "No entendemos qué está pasando", sostuvo.
Además, aseguró estar en contacto con representantes de la Cancillería argentina, quienes, según indicó, "siempre" le brindaron "apoyo". Aunque afirmó que todos sus intentos legales para comunicarse con Gallo fueron infructuosos.
"Nosotros hemos intentado todo lo legalmente posible para comunicarnos con Nahuel y no hemos tenido ningún tipo de respuesta", lamentó.
La esposa del gendarme remarcó que su marido es una persona "totalmente apolítica" y que "no fue enviado por el gobierno argentino".
La denuncia del gobierno argentino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El pasado 2 de enero el gobierno de Javier Milei presentó la denuncia ante el mismo organismo por detención arbitraria y desaparición del gendarme argentino, Nahuel Gallo.
La administración nacional también recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el 3 de enero otorgó medidas cautelares a favor del gendarme argentino secuestrado en Venezuela desde el 8 de diciembre.
“Conforme lo revelan las declaraciones de altas autoridades de Venezuela, no se han tomado acciones para garantizar una comunicación entre Nahuel Gallo y el país del que es nacional, además, la Comisión observa que no existe, a nivel interno, posibilidades de pedir protección a favor del beneficiario”, reza el documento oficial.
En su escrito, el organismo internacional exige al régimen de Nicolás Maduro que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria.