El juez federal Marcelo Martín Bailaque se resiste a cumplir con sus jefes. Fue la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario quien dispuso la nulidad de la sentencia en dictadura sobre la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, que ocurrió el 11 de julio de 1977, y por las pormenorizadas investigaciones en democracia se demostró que fue un asesinato simulado de accidente automovilístico, a la altura de la localidad de Ramallo, porque el líder religioso de la diócesis de San Nicolás enfrentaba las detenciones ilegales y desapariciones de los militares a estudiantes secundarios, trabajadores y delegados sindicales, militantes o dirigentes políticos y hasta catequistas y sacerdotes.
El máximo tribunal penal de la argentina, más precisamente los miembros de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmó el año pasado el fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario de anular (cosa juzgada irrita, en términos jurídicos) la sentencia con fecha 19 de julio de 1978, expediente Nº 1878, y exigió encontrar a los culpables del asesinato por lo que permitió al fiscal federal la solicitud de las indagatorias a tres exmilitares y dos civiles imputados como coautores del homicidio agravado de Ponce de León y la tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Víctor Oscar Martínez (quien acompaña en el auto al religioso).
El 10 de julio de 2024, el fiscal federal, Matías Felipe Di Lello, solicitó al magistrado Bailaque, las indagatorias “al exjefe de Personal y Logística de la Plana Mayor del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, Bernardo Luis Landa; al exjefe y el exsegundo jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, Omar Andrada y Luis Américo Muñoz, respectivamente; el conductor de la camioneta Ford F-100 ante la cual impactó el Renault 4 conducido por Ponce de León y el empleado de la firma Agropolo S.A, Luis Antonio Martínez; y el titular registral de la camioneta, directivo de aquella empresa, Sergio Carlos Bottini, quien acompañaba a Martínez el día de los hechos”, figura en el escrito por el pedido de indagatoria.
Pasaron casi 10 meses desde esa solicitud de indagatorias y el argumento de la demora por parte del juez Bailaque es un exhorto al Vaticano. Resulta endeble el argumento del magistrado porque el exhorto al Estado papal fue enviado el 23 de octubre de 2024 cuando el pedido de indagatoria del fiscal fue tres meses antes por lo “que no formaba parte de los fundamentos por los cuales se pidieron las indagatorias”, sostiene en el “recurso de queja por retardo de justicia”, el fiscal Di Lello firmado el 10 de febrero contra el juzgado federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Bailaque.
El recurso de queja presentado por Di Lello hace dos semanas, y que acompaña la querella en manos de la sobrina del obispo Ponce de León, estuvo precedido por un pronto despacho del 27 de diciembre último.
El fiscal federal de San Nicolás recuerda que se investiga “un posible delito de lesa humanidad perpetrado en la última dictadura cívico militar, por lo que la eventual denegación, retardo de justicia” mantienen la impunidad provocando que el Estado nacional argentino “incurra en incumplimientos de las normas, tratados y pactos internacionales” y además añadió Di Lello “impide a los imputados ejercer acabadamente su derecho de defensa e incluso, precisar aspectos relevantes para su situación procesal” de hechos que ocurrieron hace 47 años.
La iglesia católica el año pasado tuvo tres gestos internos por el obispo mártir que nunca antes habían ocurrido.
Por un lado el entonces presidente de los obispos, Óscar Ojea, y ratificada por el actual titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, la creación de una comisión especial para recabar toda la información de la vida y obra pastoral de Carlos Horacio Ponce de León.
La Comisión Ponce de León la preside José Luis Mollaghan, arzobispo emérito de Rosario y lo acompañan Mauricio Landra, obispo auxiliar de Mercedes-Luján y el sacerdote y provincial de la congregación Verbo Divino (SDV) Luis Liberti, uno de los autores del libro, en tres tomos, llamado “La Verdad los hará libres”, una obra inédita sobre la actuación de la Iglesia católica en la Argentina entre 1966 y 1983 encargado por la CEA a la Facultad de Teología de la UCA (Universidad Católica Argentina) y realizado a partir de una vastísima documentación de los archivos desclasificados de la Iglesia argentina y de la Santa Sede.
Otro gesto en favor del obispo asesinado fue notificar a más de un centenar de monseñores argentinos, el 9 de julio del año pasado, que se confirmó “el inicio de una nueva investigación para dilucidar la muerte del recordado Obispo de San Nicolás de los Arroyos” y cierra el texto, al que adjunta la resolución de Casación Penal, diciendo que “cercana la fecha de la muerte de nuestro hermano en el Episcopado elevamos a Dios una oración por su eterno descanso y deseamos que la Justicia pueda alcanzar toda la verdad de lo acontecido el 11 de julio de 1977”.
Como último gesto concreto y contundente por Ponce de León, quien fuera miembro del famoso Concilio Ecuménico Vaticano II, fue la misa en la Catedral, frente a Plaza de Mayo.
“Era un sacerdote de nuestra diócesis, que luego fue obispo en Salta y en San Nicolas. Ponce de León era de esta familia, principalmente en la iglesia El Carmen de Urquiza y la parroquia Santa Rosa de Lima sobre avenida Belgrano y Pasco (hasta el día de hoy jamás en esas parroquias se celebró misa por su pastor asesinado). Poco tiempo después de la muerte de monseñor Enrique Angelelli vino la muerte de Ponce. Con formas semejantes, en ambos no fue muerte casual según la justicia sino provocada, vamos a pedir para que la justicia llegue a un veredicto final con Ponce. Lo importante para nosotros es recordarlo, rezar por él y que él interceda por nosotros ante el Padre Dios”, predicó ese 12 de julio de 2024, desde la Catedral, monseñor Joaquín “el vasco” Sucunza, un hombre que anda bajo el radar mediático, al punto de que fue segundo, el vicario, de Jorge Mario Bergoglio durante veinte años.
