Los diputados libertarios que visitaron genocidas en Ezeiza pegaron el faltazo a la sesión de comisión que discute sobre su futuro

Con excepción de Lourdes Arrieta, los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza se ausentaron este martes a la reunión de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento; y Asuntos Constitucionales de la Cámara de baja que buscaba analizar la conducta de los legisladores en cuestión.

Se trata de Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci quienes junto a Arrieta en julio visitaron a los represores condenados Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Miguel Angel Britos y Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo).

En la última reunión de comisión se había resuelto enviar una invitación a los seis legisladores que visitaron el penal para que puedan realizar un descargo y, en caso de querer hacerlo, responder preguntas. La cita no era obligatoria y el faltazo de los cinco se podía prever en la Cámara de Diputados. Sólo Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci participaron de algunas de las reuniones que tratan este tema. El resto, jamás apareció.

Los diputados que hicieron el tour a los genocidas decidieron optar por un descargo por escrito, a excepción de Beltrán Benedit. El entrerriano, señalado como el organizador del encuentro, fue el único que no brindó ninguna explicación. Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci enviaron los suyos de manera individual, mientras que Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo enviaron el mismo documento.

Los descargos de los diputados libertarios llegaron a las autoridades de plenario una vez iniciada la reunión, lo que generó un contratiempo para su desarrollo. La diputada radical, Karina Banfi, llamó la atención sobre la situación. “Hemos recibido las notas por correo a las 16:13 el día de hoy y tenemos un descargo de aproximadamente 23 páginas”. La reunión comenzó minutos antes de las 16:30 y estaba convocada para las 16.

Posteriormente, Silvia Lospennato (presidenta de la comisión de Poderes y Reglamentos) le dio la razón a Banfi. “No puedo más que coincidir, porque las 23 paginas ingresaron hace 5 minutos”, indicó Lospennato y también se quejó de no haber podido leer las notas antes de comenzar la reunión. “Comprendo lo que dice, me pasa lo mismo y me costaría mucho poder definir algo sin poder leer”, agregó y remató: “No me gusta trabajar así, pero quiero que sepan que cuando esta comisión recibió las notas, las enviamos”.

Para el bloque de Unión por la Patria, uno de los más interesados en avanzar en una investigación, se trató de una estrategia de dilación y, efectivamente, hoy no hubo grandes avances. Se esperan, al menos, dos reuniones más para firmar un dictamen que -a priori- debería ratificarse en el recinto. Esto quiere decir que, para crear la comisión investigadora y ahondar en lo sucedido el 11 de julio, primero debe aprobarse con 129 votos. Desde el PRO, intentan apurar ese dictamen, ya que creen que la oposición no conseguirá el número para avanzar en el pleno.

Dada la extensión de los documentos, luego de que algunos legisladores hicieran uso de la palabra, se designó al secretario parlamentario la lectura de todos los archivos. No obstante, previo a ello, hubo oportunidad para que Lourdes Arrieta responda algunas preguntas.

En su alocución, la legisladora mencionó que, si fuera necesario, estaría dispuesta a ampliar su descargo. También respondió dos interrogantes del diputado Christian Castillo. Manifestó no tener conocimiento sobre si la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaba al tanto de la visita; y relató el momento del ingreso al Penal de Ezeiza -en el que los diputados no fueron revisados-.

“Cuando ingresamos, entregamos los DNI y luego tuvimos una entrevista con los directivos de la Unidad 31 del Servicio Penitenciario”, detalló Arrieta, quién remarcó que las oficinas administrativas (donde tuvieron la reunión con las autoridades) se encuentran en un primer piso, y agregó: "Bajamos, y en vez de pasar por el detector de metales, pasamos por al lado siguiendo a un efectivo de la penitenciaría". Inmediatamente después confirmó que “los asesores tampoco fueron revisados”.

El descargo en conjunto

En los textos, los legisladores coinciden que se trató de una visita humanitaria para ver las condiciones de la cárcel. "El recorrido estuvo destinado a observar de primera mano las condiciones de las instalaciones del centro penitenciario, y escuchar a las autoridades del penal, al personal médico y a todos los profesionales del mismo, lo que así hicimos. En ningún momento buscamos interferir en procesos judiciales ya concluidos por la justicia o en curso, en un pleno convencimiento del respeto a la división de poderes", se indica en el descargo en conjunto.

El texto cita el articulo 18 de la Constitución Nacional que indica que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice".

"Cualquier versión respecto de los hechos acontecidos fuera de estas líneas es totalmente ajeno a nuestra persona. Creemos que la tolerancia democrática implica admitir todas las ideas, incluso cuando estas son contrarias a las propias. Entendemos que nuestra actividad se haya tornado polémica, pero nuestro interés principal es y ha sido la garantía de la Constitución Nacional", agrega el texto.

"Seguiremos defendiendo la libertad de todos los diputados de esta Cámara para ejercer su rol constitucional, aún, cuando no compartamos sus posiciones. Defendemos y promovemos los derechos humanos. Bregamos por el resguardo del sistema republicano, siempre", completa sin referirse a los proyectos en los que estaban trabajando para lograr la libertad de los genocidas..

En su descargo individual, Arrieta reconoció que entraron al penal con sus respectivos celulares e incluso una de las diputadas le ofreció su teléfono a uno de los genocidas, hecho que está prohibido por la ley.

Los descargos individuales