La iniciativa de La Libertad Avanza será tratada en un plenario de comisiones. Incluye como pena máxima la reclusión en prisión por dos décadas por delitos graves.
Los legisladores llevarán adelante el debate.
X (@DiputadosAR)La Cámara de Diputados debatirá este miércoles, en un plenario de comisiones, la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa del Gobierno incluye que la edad de imputabilidad pase de 16 a 13 años y tenga una pena máxima de dos décadas de prisión a los menores que cometan delitos graves.
El tratamiento comenzará a las 10 con las comisiones de Legislación Penal y Justicia; de Familia, Niñez y Minoridad, y de Presupuesto, que presiden Laura Rodríguez Machado (PRO), Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
Por su parte, diputados de distintos sectores de la oposición apoyan la iniciativa, pero proponen una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que aparece como el consenso más probable. Entre ellos se encuentran el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo; el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, la legisladora de Producción y Trabajo, Nancy Picon, la radical Carla Carrizo y el massista Ramiro Gutiérrez.
El proyecto que impulsa el Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que el máximo de prisión será de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
El diputado libertario Álvaro Martínez presentó una iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 12 años, mientras la legisladora de Unión por la Patria (UxP) Natalia Zaracho impulsa mantener los 16 años e incluso analizar si "ha comprendido los hechos delictivos que ha realizado".
Todos los proyectos proponen en la reforma del Régimen Penal Juvenil diversas sanciones, además de la prisión para los delitos menores y lograr la resocialización del menor.
Para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos, cuando sea necesario. Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
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