El director de ARBA exigió poner límites a la violencia institucional y repudió la represión policial

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, repudió la brutal represión policial desatada durante la manifestación de jubilados e hinchas que tuvo lugar el miércoles frente al Congreso Nacional. En el operativo, comandado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hubo más de 150 personas detenidas y varios heridos, entre los que se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo quien lucha por su vida.

"Lo que presenciamos es gravísimo. Escuchar a efectivos de seguridad gritar 'vengan zurdos' mientras disparaban para reprimir a jubiladas y jubilados que reclamaban pacíficamente por sus derechos no solo es una afrenta a la democracia, sino que revela una escalada autoritaria preocupante", sostuvo Girard en su cuenta de X. En ese sentido, reclamó que "es urgente poner un límite a esta escalada de violencia institucional".

En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof también repudió la represión: "La represión que se vivió fue completamente feroz, ilegal y premeditada. Una descarga de violencia sobre jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste. Lo de hoy es un atentado contra derechos esenciales de la democracia". Y remarcó: "Mientras un fotógrafo lucha por su vida, los voceros del gobierno mienten, justifican la violencia y difunden el odio. Hay que ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario".

Tanto Kicillof como Girard coincidieron en que la violencia desatada responde a una política sistemática que el Gobierno nacional despliega para imponer un ajuste económico que afecta a los sectores más vulnerables. "El peronismo tiene la responsabilidad histórica de actuar con firmeza y unidad para garantizar la paz social y evitar que esta locura siga avanzando", subrayó Girard.

La protesta de las y los jubilados se había organizado en reclamo de una actualización en sus haberes, debido al deterioro de su poder adquisitivo frente a la inflación. La violenta respuesta policial generó un repudio generalizado de amplios sectores políticos, sindicales y de derechos humanos.