El ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que el Gobierno autorizó a los militares a detener civiles, que hayan cometido delitos de flagrancia, en forma transitoria en la frontera norte.
“Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”, señaló el funcionario a través de su cuenta personal de X.
Al mismo tiempo, señaló que la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras y sostuvo que “la posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación”.
En esa línea, justificó que “todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?”.
La confirmación del ministro se dio al publicar en su red social un artículo del medio Clarín donde daban a conocer la noticia. Según la resolución, el objetivo de esta medida es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”.
Por otra parte, no está permitido “el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, recintos, destacamento, aun existiendo sospechas fundadas de un acto ilícito”.
Uno de los artículos de la parte reservada de la resolución 347 señala que se “podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, para que tomen la intervención que les compete”, según revelaron fuentes militares al mismo medio.