Escándalo por corrupción: allanaron un hotel donde sospechan que operaba una financiera ligada a Jorge D'Onofrio

Pese a su renuncia, en medio de un escándalo por las denuncias de corrupción relacionadas a irregularidades en las contrataciones de empresas privadas y un oscuro sistema de coimas para borrar las fotomultas, siguen apareciendo pistas que complican al exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio. Ahora, la Justicia ordenó allanar un hotel en Pilar por las sospechas de que allí funcionaba una financiera con estrechos vínculos con el exfuncionario

El operativo se desarrolló en oficinas ubicadas en la planta baja de un reconocido hotel de Pilar, donde también se revisaron depósitos y bauleras, por orden del Juzgado Federal de Campana en el marco de una causa que investiga a D’Onofrio por presunto lavado de dinero. Un caso que también involucra a su pareja, la expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, destituida en noviembre pasado.

D’Onofrio renunció en diciembre luego de que la Justicia de Campana dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de sus cuentas por el escándalo de la VTV.

Las complicaciones judiciales del exministro incluyen otra investigación que lo señala como parte de un esquema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto y que alcanzaba hasta el 30% del monto original.

Por su parte, Pombo se habría encargado de coordinar las actividades de los gestores que manipulaban el sistema de multas. Según las denuncias, formaba parte de la red que eliminaba las infracciones a cambio de una comisión.

Contratos millonarios a familiares

Luego de la renuncia de Jorge D'Onofrio como ministro de Transporte bonaerense, acorralado por las denuncias en su contra por irregularidades en trámites para las fotomultas y la VTV, se revelaron nuevos detalles escandalosos, que incluyen a familiares contratados en distintas áreas del Estado y millonarios beneficios para su pareja, Claudia Pombo, concejal de Pilar.

El exfuncionario fue imputado el 12 de diciembre en una causa donde se lo investiga por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e irregularidades en la facultad de regular el tránsito y sancionar infracciones. La causa también incluye a otras seis personas, entre ellas dos concejales pilarenses, Claudia y su hermana Roxana Pombo, y al juez de Faltas Mario Quattrochi.

La denuncia fue presentada por el empresario Leandro Camani, dueño de Secutrans, una firma que factura casi un millón de dólares con las más de 1.500 cámaras que gestiona en municipios clave como Mar del Plata, Morón y La Matanza y que a su vez había sido denunciado por actas mal confeccionadas o que tienen errores y no deberían ser procesadas.

En el texto, el empresario expresó que tanto D’Onofrio y la presidenta del consejo deliberante de Pilar Claudia Nélida Lucía Pombo "lideran una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, acumulando, con motivo del accionar marginal descripto, siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles y inmuebles bajo una falsa apariencia lícita, valiéndose para ello, en algunos casos, de la utilización de prestanombres o interpósitas personas".

Claudia Pombo Jorge D'Onofrio champagne

La pareja del exministro de Transporte, Claudia Pombo.

“De este modo, a partir del sostenido accionar delictivo desplegado en tomo a la estructura ilegal diagramada para la supresión de multas de tránsito que pudiera cometer la ciudadanía, procuraron un sistema de recaudación marginal con el cual acumulan cifras millonarias que son distribuidas, de acuerdo a su grado de intervención, responsabilidad, injerencia y responsabilidad, entre sus integrantes, siendo sus cabezas, claro está, el nombrado D’Onofrio y quien resulta su ladera política, Claudia Pombo", agregó.

Ahora, según reveló Clarín, salió a la luz una larga lista de parientes y amigos de Pombo asumieron cargos estatales, con sueldos de hasta $2,5 millones.

Por ejemplo, Héctor Marcelo Basail, medio hermano de Claudia, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $1,8 millón gracias a "Convenio Marco de Cooperación Técnica y Financiera", pese a no contar con preparación en ese tema. Su esposa, Valeria, cobra un sueldo enmarcado en ese convenio, del que también se beneficia su hermana, Florencia Basail. El marido de esta, Fabio Ferretty, tiene otro contrato estatal.

También se conocieron suntuosos autos en manos de allegados a D'Onofrio. La hija de Pombo, Agustina Cuadra, estaciona en su casa su Toyota SW4.

Otros detalles que llamaron la atención de la Justicia fueron varias propiedades en countries exclusivos de Zona Norte, además de inversiones en Málaga, España. Para los investigadores judiciales, el clan Pombo sería el que "se gasta parte de la plata del entramado de coimas por las multas". Claudia aparece en varias fotos de sus redes sociales mostrando sus nuevos emprendimientos en España. En una de ellas se jacta de sus consumos pretenciosos como una botella dorada de champagne Lamborghini, de 500 dólares.

Un negocio millonario

La gestión de las fotomultas, concesionada a empresas privadas, despertó una gran polémica que apuntó contra el empresario Leandro Camani por las denuncias de actas mal confeccionadas o que tienen errores y que no deberían ser procesadas. Se reveló que su compañía factura casi un millón de dólares por día.

En ese punto se detalló que la empresa Secutrans, una de las concesionarias que se encargan de las fotomultas en varios municipios bonaerense, en 2023 tuvo ingresos por 386 mil millones de pesos.

La facultad de regular el tránsito y sancionar infracciones en Argentina recae en la Nación, que delega estas funciones a las provincias, y estas, a su vez, a los municipios. En Buenos Aires, la gestión de las fotomultas está concesionada a empresas privadas, que son responsables de instalar y mantener las cámaras, además de procesar las infracciones.

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La compañía de Leandro Camani factura casi un millón de dólares por día.

Más de la mitad de las actas están mal confeccionadas porque tienen algún error o defecto ya sea porque no están con la foto debidamente reflejada la identidad de la persona o del vehículo con su dominio correspondiente. Además, muchas de las fotos multas directamente no es el auto del dueño multado o mismas las multas confeccionadas son ficticias, ya que los conductores alegan que nunca estuvieron en determinado lugar y horario.

Camani firmó el convenio de la concesión en noviembre del 2019 durante el Gobierno de María Eugenia Vidal. A partir del 2020, Camani comenzó a trabajar en la provincia de Buenos Aires con 1.500 cámaras distribuidas en los municipios de Lezama, Chivilcoy, Escobar, San Antonio de Areco, La Matanza, Morón, Hurlingham, San Martín y Mar del Plata.

Además, Camani compró los derechos de la organización de los Premios Martín Fierro.