La presentación ante la Justicia Federal es contra los directivos y accionistas de la empresa por “entorpecimiento de servicio público, defraudación por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública, estorbo al ejercicio de funciones públicas y asociación ilícita”.
La Justicia Federal recibió una denuncia penal contra los directivos y accionistas de Edesur.
La Justicia Federal recibió una denuncia penal contra los directivos y accionistas de la empresa de energía eléctrica Edesur S.A., que incluye un pedido para que se designe un interventor. Se describe la posible comisión de los delitos de “entorpecimiento de servicio público, defraudación por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública, estorbo al ejercicio de funciones públicas y asociación ilícita”.
La presentación, que fue realizada por el abogado Claudio Lamela en los tribunales de Comodoro Py, advierte graves irregularidades detrás de los reiterados cortes de energía durante la última década y que afectan a miles de usuarios.
“Es evidente que la red eléctrica concesionada a EDESUR viene siendo administrada fraudulentamente por los responsables de dicha empresa, de un modo escandaloso y francamente inadmisible”, advirtió el letrado.
El abogado adjuntó una tabla de una veintena de reclamos realizados desde 2023 a 2025 por cortes de energía en su domicilio. El 13 de febrero de este año el corte duró tres días y al día siguiente al restablecimiento se le cortaron nuevamente, ejemplificó.
La presentación denuncia que los responsables de la empresa desde hace tiempo “tienen completo conocimiento de la situación generada y, a pesar del peligro y de los graves daños que de ella se derivan, siguen impávidamente incumpliendo con los más elementales deberes a su cargo”
Además, mencionó la “deplorable e insultante atención (si es que cabe llamarla así realmente) que la empresa presta a los reclamos de los usuarios, a quienes destrata de un modo descarado e inadmisible”.
Remarcó que “como patrón sistemático”, la empresa da de baja reclamos sin haber sido solucionados efectivamente o solo parcialmente, obligando a que el usuario deba reiterarlos constantemente.
El perjuicio económico para el patrimonio estatal comprometido en la red eléctrica pública “es manifiesto y se corrobora de una exhaustiva Auditoría realizada por el ENRE”, remarcó el letrado. Señaló que el perjuicio económico causado a los usuarios “entre los cuales me incluyo es de proporciones multimillonarias”.
La denuncia resaltó que los delitos que se mencionan apuntan a “los más altos directivos de EDESUR con la necesaria colaboración de ciertos individuos de la línea gerencial y la probable instigación o autoría intelectual de los accionistas más importantes de la empresa (en particular, los responsables de la empresa ENEL)”.
La presentación alude a una exhaustiva auditoría técnica integral realizada a EDESUR en el año 2023. La auditoría determinó que "la red de distribución eléctrica gerenciada por EDESUR desde hace años viene funcionando al límite de la capacidad técnica de la infraestructura instalada, no hay inversión real, solo parches”
"El estado actual del sistema es funcionar al límite, de forma sobre exigida, prácticamente sin reserva de capacidad, bajo la amenaza constante que cualquier mínima falla puede escalar y desencadenar un apagón masivo que afecte a cientos de miles de usuarios por un tiempo indeterminado”
“Más del 60% del equipamiento de alta tensión es anterior a 1980”. En 2023 la propia distribuidora reconoció que sus inversiones no cubren las necesidades de inversión para prestar en servicio en condiciones normales (sin contingencias). “Particularmente grave -insiste el abogado-resulta el manejo irregular de fondos y la apropiación indebida de recursos públicos”.
"Estos años no ha abonado integralmente las facturas de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista - CAMMESA, apenas parcialmente. En otras palabras, los ingresos por potencia y energía que recibía de los usuarios, en vez de pagar a CAMMESA los disponía y se hacía del crédito fiscal en sus posiciones de IVA, reduciendo el saldo a favor del Estado."
"Otro elemento, no menor, que lleva implícito esta mecánica es la apropiación del IVA”, denuncia, según el informe. Además, el informe, según advirtió el letrado, señaló que la empresa presentó “una deliberada resistencia a cumplir con la Ley a todo nivel”.
"Se concluye que hay incumplimiento técnico-operativo y de gestión del Contrato de Concesión y que la Concesionaria reconoce que no está en condiciones de cumplir con el abastecimiento”, concluyó el letrado.
Lamela pidió que “se decrete la intervención judicial inmediata de EDESUR, designando un interventor con amplias facultades de contralor”
“Se ordene la instalación obligatoria e inmediata por parte de EDESUR y/o eventualmente del ENRE, de equipos electrógenos para abastecer debidamente el servicio ante interrupciones superiores a 8 horas o frecuentes en menos de 48 horas”
Finalmente pidió “que se prohíba la salida del país y se decrete la inmediata inhibición general de bienes de los dueños, directivos y personal responsable de EDESUR, a fin de asegurar el adecuado resarcimiento por sus hechos ilícitos”.
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