La investigación empieza a ir “hacia arriba”, como se conoce en la jerga judicial. La jueza federal María Romilda Servini le ordenó al Ministerio de Seguridad que informe quiénes estaban en la sala de situación desde la que se monitoreó el operativo de seguridad desplegado alrededor del Congreso el último 12 de marzo, cuando un gendarme hirió de extrema gravedad -con el disparo de una posta de gas lacrimógeno- al fotógrafo Pablo Grillo, mientras el intentaba retratar el reclamo que se desarrollaba en la plaza.
Se trata de una medida de prueba que había reclamado la familia del fotógrafo, representada en el expediente por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Busca determinar cómo se articuló la represión y si hubo más responsables por los hechos, además de los agentes que ejercieron directamente la represión.
“Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad Nacional, solicitándose que se remitan los listados y/o nóminas de las personas que se encontraban presentes en la sala de situación de la Dirección General de Operaciones durante la jornada en las que se llevaron a cabo las manifestaciones del día 12 de marzo del año en curso en el ámbito de esta Ciudad de Buenos Aires”, ordeno la jueza Servini, según consta en la resolución a la que accedió C5N.
La magistrada, además, ordenó que en la respuesta que envíe el ministerio de Seguridad deben indicarse nombres, apellidos, jerarquías y cargos. El listado podría incluir a la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su segunda, Alejandra Monteoliva, según fuentes de las fuerzas de Seguridad.
En la misma resolución, la jueza solicitó al ministerio que adjunte copia de los audios "crudos" de las modulaciones radiales producidas entre el personal de las fuerzas de seguridad federales y los funcionarios presentes en la sala de situación de la Dirección General de Operaciones y los numerarios que se hallaban en las inmediaciones del Congreso.
“Además, se deberá informar cuáles fueron las directivas impartidas con relación a los procedimientos que fueran desplegados por las fuerzas de seguridad en esa fecha, más precisamente con respecto a las órdenes que autorizaron el uso de armas menos letales”, remarcó la jueza.
Finalmente requirió que se remita toda la información vinculada con las órdenes de servicio que fueran impartidas a la Gendarmería Nacional Argentina, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con relación al operativo de seguridad desplegado el 12 de marzo.
En el expediente específico por el ataque sufrido por Pablo Grillo la jueza ya había dictado medidas vinculadas al gendarme Héctor Guerrero quien fuera identificado por la organización denominada Mapa de la Policía, una iniciativa que busca controlar la violencia de la Policía.
“En un plazo de 48 horas desde su notificación, se sirva remitir a este Juzgado copia del legajo n° 103.205 perteneciente al Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero”, dispuso la jueza el último miércoles en un oficio enviado al ministerio de Seguridad y a la Gendarmería.
“Además, solicítese nuevamente que informe quién es el efectivo de dicha fuerza de seguridad que fuera individualizado con una identificación en la parte posterior de su casco con la inscripción ´Picha’ en el marco de la manifestación que tuvo lugar el día 12 de marzo del año en esta Ciudad”, agregó.
