Juicio por YPF: EEUU le recomendó a la jueza Loretta Preska que rechace el pedido de Burford Capital para quedarse con las acciones

El gobierno de Joe Biden le advirtió a la magistrada de Nueva York que el reclamo del fondo buitre "viola las normas de inmunidad soberana" del país.

Horas después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden le pidió a la jueza Loretta Preska que desestime el reclamo del fondo Burford Capital para expropiar las acciones de la petrolera YPF.

A través de un escrito presentado en el tribunal del segundo distrito de Manhattan, el Departamento de Justicia estadounidense se expidió en contra del argumento expresado por Burford al señalar que el pedido de los demandantes "viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos".

La información fue revelada por el abogado Sebastián Soler en la red social X. El escrito de 10 páginas presentado ante la Justicia de Nueva York señala que "la medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte".

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La presentación realizada por la administración Biden supone un guiño al gobierno de Javier Milei, horas después del triunfo de Trump sobre Kamala Harris.

Se espera que el retorno del magnate a la Casa Blanca a partir del 2025 profundice las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos por la afinidad ideológica entre Milei y Trump.

El fallo de Loretta Preska que habilitó embargos por la causa de la expropiación de YPF

A comienzos de 2024, Preska condenó en primera instancia a Argentina a pagar más de u$s16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, por la forma en que se realizó la expropiación de la empresa en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como ministro de Economía.

En el marco de esta causa, en los últimos días, Preska también había ordenado entregar mails, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de funcionarios para determinar responsabilidades.

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