Juicio por YPF: qué dice la carta que el Gobierno le envió a la jueza Loretta Preska

El Gobierno argentino le envió una carta a la jueza Loretta Preska, quien lleva el caso por la expropiación de YPF en los Tribunales de Nueva York, en la que aseguró que "se toma muy en serio todas las denuncias de corrupción y está comprometido a investigar a fondo cualquier denuncia creíble".

El texto lleva la firma del abogado Robert Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell, quien representa a la Argentina ante la Justicia de Estados Unidos. Fue enviado este martes, fecha límite para que las partes opinaran sobre la presentación de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) que pidió que se revoque el fallo por u$s16.100 millones.

Giuffra aclaró que "la República no tiene afiliación ni conocimiento de RA4ARG ni de sus miembros, ni se le proporcionó a la República una copia de la presentación de RA4ARG antes de ser entregada al Tribunal", pero señaló que el documento "plantea serias denuncias de corrupción".

"Si RA4ARG tiene pruebas que respalden las denuncias presentadas en su presentación ante el Tribunal, la República recibiría con agrado dichas pruebas, incluida cualquier evidencia de que los demandantes de Petersen obtuvieron el fallo en esta acción mediante fraude", sostuvo.

También indicó que "algunas de las denuncias de RA4ARG son actualmente objeto de una investigación en curso en Argentina". "El Gobierno Argentino, bajo el presidente Milei, se toma muy en serio todas las denuncias de corrupción y está comprometido a investigar a fondo cualquier denuncia creíble", afirmó.

"La República apoyaría y cooperaría plenamente con cualquier investigación que el Gobierno de los Estados Unidos pudiera llevar a cabo sobre las cuestiones planteadas por RA4ARG, sin perjuicio de sus argumentos de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las reclamaciones de los demandantes en este caso", concluyó.

Ahora, la decisión está en manos de la jueza Preska, y podría haber un giro favorable para el país en cuanto a la sentencia que obliga al Estado a pagar u$s16.100 millones al fondo estadounidense Burford por el modo en que fue estatizada YPF en 2008.