Los trabajadores de la zafra en Tucumán fueron el grupo que más sufrió la represión estatal, tanto previo a la dictadura como después del golpe. Sus empleadores nunca se enfrentaron a un juicio, pero eso podría estar por cambiar.
La familia Ortiz confia en que llegará a saber toda la verdad.
Diego AráozHortensia Ortiz vive en Famaillá, una pequeña ciudad de Tucumán al sur de la capital provincial. La casa queda en las afueras, a poco más de 5 kilómetros de La Fronterita, el ingenio azucarero que recuerda con nostalgia como parte de su primera infancia.
Rodeada de su familia en el comedor, prepara mate mientras comparte recuerdos de cuando iba a la escuela, o cuando hacía muñecos de peluche bajo la atenta mirada de Isabel, su madre. Fidel, su hermano, sonríe y recuerda cómo jugaba a la rayuela con los vecinos. En ese hogar no faltaban las risas.
Todo se vino abajo cuando su padre Jacobo, un dirigente sindical que trabajaba en La Fronterita, fue desaparecido por los militares en 1976. A la pregunta de Buenos Airea Herald sobre qué cambió después de aquello, Hortensia responde simplemente: “Todo”. Su voz se suaviza mientras se seca las lágrimas, la habitación de golpe en silencio a la luz del sol del atardecer.
Casi 50 años después de su desaparición, los antiguos responsables del ingenio azucarero están a punto de ser juzgados por la desaparición de Jacobo Ortiz. El proceso judicial podría marcar un hito para Tucumán: sería la primera vez que dirigentes empresariales, y no militares, enfrenten un proceso judicial en la provincia por su presunta responsabilidad en la instalación de un centro clandestino de detención en La Fronterita en 1975.
Si el 3 de abril la justicia rechaza un último intento de los acusados por apelar su procesamiento, un tribunal federal fijará una audiencia preliminar para seguir adelante. El tiempo apremia, ya que los dos acusados tienen 84 y 85 años.
Aunque Jacobo Ortiz fue desaparecido por la dictadura en junio de 1976, su caso es un recordatorio de que el terrorismo de Estado no comenzó con el golpe del 24 de marzo. Para entender lo que ocurrió en La Fronterita hay que remontarse 50 años atrás, a una campaña militar contrainsurgente en Tucumán que se convertiría en un presagio del terror por venir: el Operativo Independencia.
Jacobo Ortiz nació en 1938 y, al igual que su padre, trabajó en las plantaciones de azúcar. Era un trabajo agotador: empezaba a las 4 de la mañana y podían llegar a pasarse hasta 14 horas al día cortando caña de azúcar con un machete bajo un sol abrasador. La temporada iba de mayo a octubre, lo que obligaba a los trabajadores de temporada a buscar otros empleos en los meses de descanso.
A pesar de trabajar en la industria desde la adolescencia, Jacobo siempre trabajó con contratos temporales. No obstante, según su familia, otros trabajadores acudían a él en busca de orientación.
“Era un hombre honesto que nunca se propuso convertirse en líder, pero acabó siéndolo porque sus compañeros le buscaban”, explica Hortensia. Su madre no lo aprobaba: “Ella quería que trabajara y volviera a casa con la familia”.
Jacobo tenía 35 años cuando se convirtió en representante del sindicato de la Federación Obrera de la Industria Azucarera de Tucumán (FOTIA) en La Fronterita en 1973. La industria azucarera de Tucumán estaba sumida en conflictos desde que, entre 1964 y 1968, la dictadura de Onganía había cerrado 11 de los 27 ingenios, siguiendo una política de “racionalización” económica. La lucha del sindicato y de sus delegados convirtió a Ortiz en una figura visible en medio de la intensa agitación en la que estaba inmersa Argentina a principios de la década de 1970.
Fue una era turbulenta. Mientras la economía se tambaleaba, la creciente violencia política entre facciones guerrilleras de izquierdas y grupos paramilitares de extrema derecha alineados con el gobierno dejaban miles de muertos. Además, la muerte del Presidente Juan Domingo Perón en 1974 había dejado a la vicepresidenta, su viuda Isabel Perón, en una posición de extrema debilidad que los mandos militares estaban dispuestos a aprovechar.
En este contexto, Isabel Perón firmó el 5 de febrero de 1975 un decreto por el que autorizaba a las Fuerzas Armadas a llevar a cabo el Operativo Independencia. El objetivo era el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), un grupo guerrillero marxista que había establecido un frente armado en el sur de Tucumán en 1974. En aquel momento, sus aproximadamente 150 miembros constituían la única guerrilla rural del país (las demás eran urbanas). Pero la campaña de terror se extendió mucho más allá de los militantes armados.
El operativo inundó la provincia de soldados. Por miedo o complicidad, la dirección del ingenio — como muchas empresas en toda la Argentina — permitió a las fuerzas utilizar las instalaciones de la empresa. Los militares instalaron allí un puesto de mando y un centro clandestino de detención desde donde aterrorizaron a la población local. Al menos 82 trabajadores del ingenio y sus alrededores fueron secuestrados entre finales de 1975 y 1978. De ese total, 67 fueron liberados, dos asesinados y 13 permanecen desaparecidos.
Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori están formalmente acusados de proporcionar “aportes esenciales al desarrollo del plan sistemático de persecución y exterminio de opositores políticos” en las instalaciones de La Fronterita. Ambos eran entonces miembros del directorio de La Fronterita, y Figueroa Minetti era también el administrador del ingenio.
No solo permitieron la instalación de una base militar, sino que también permitieron que el Ejército controlara los caminos internos, les concedieron acceso a las viviendas de los trabajadores y les facilitaron información sobre sus empleados y otros residentes. La causa alega que estas decisiones se tomaron basándose en un “cálculo de beneficios empresariales” y en un pacto con los autores materiales de los crímenes, el cual permitió al ingenio obtener “ventajas y ganancias extraordinarias”.
Ortiz fue secuestrado por primera vez poco después del golpe de marzo de 1976. Fue liberado 43 días después tras ser brutalmente torturado. Había perdido su trabajo en La Fronterita y sus captores le dijeron que abandonara el país. En lugar de ello, regresó con su familia y en junio fue detenido de nuevo.
“No quería dejarnos, aunque le habían dicho que tenía que irse”, recuerda Fidel, el hijo de Jacobo.
Fidel tenía 12 años cuando los militares irrumpieron en su casa para llevarse a su padre por segunda vez, y recuerda que se abalanzó entre Jacobo y sus captores. Su padre le dio una palmada suave en la espalda y se marchó.
La familia de Jacobo nunca volvió a saber de él. Nunca se han encontrado sus restos.
En Tucumán, los trabajadores de la caña de azúcar constituyeron el grupo más numeroso discriminado por actividad económica secuestrado por las fuerzas de seguridad durante la dictadura. En muchos casos, los propietarios de los ingenios, que querían eliminar a los sindicalistas combativos, se limitaban a entregarlos a los militares.
Para la familia Ortiz, la catástrofe supuso un punto de inflexión en sus vidas. La mayor, Yolanda, se fue a trabajar a San Miguel, regresando solo los fines de semana. Fidel lustraba zapatos cerca del ingenio, pero eso fue lo más cerca que estuvo de volver a trabajar allí.
“Me postulé, pero nunca me dejaron entrar por mi apellido”, afirmó.
El objetivo del Operativo Independencia era “neutralizar y/o aniquilar las acciones llevadas a cabo por elementos subversivos”, refiriéndose así a militantes armados del ERP en el interior. Para los militares, el operativo les permitió además realizar el ensayo de un plan más amplio que tendría consecuencias catastróficas a largo plazo.
“El Operativo Independencia es el punto de partida de un largo proceso destinado a transformar la sociedad argentina a través del terror”, explica Ana Jemio, investigadora del CONICET en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de Tres de Febrero, quien hizo su tesis doctoral sobre el operativo.
Junto con la dictadura, le explicó al Herald, el Operativo Independencia puede considerarse como el momento en que nació un “nuevo orden histórico”, que abarcó el sometimiento no sólo a través de la violencia sino también de feroces reformas económicas, como la desindustrialización y la desregulación del comercio, que desencadenaron fuertes aumentos de la pobreza y el desempleo.
La campaña se convertiría en un modelo de lo que luego harían las Fuerzas Armadas tras el golpe de marzo de 1976 en más de un sentido. Aunque el secuestro y la desaparición de disidentes políticos no era algo nuevo, solo había utilizado esporádicamente a lo largo de la historia argentina. Influenciados por las tácticas francesas de contrainsurgencia utilizadas en Argelia e Indochina, que hacían hincapié en la aniquilación total de los enemigos ideológicos, el Operativo Independencia se convirtió en la primera vez que los militares argentinos utilizaron las desapariciones forzadas como táctica general de represión.
Fue en el marco del operativo que los militares instalaron el primer Centro Clandestino de Detención del país en Famaillá, dentro de una escuela que estaba en construcción, a cinco cuadras del comando central. Conocido como la Escuelita, el edificio se convirtió en sinónimo de terrorismo de estado e impunidad.
A diferencia de otros centros clandestinos de detención, la Escuelita se convirtió en una escuela después del operativo. Sin reconocimiento oficial de lo que había sucedido allí, fue bautizada como Escuela Primaria Diego de Rojas y las clases comenzaron en 1977. Para los habitantes de Famaillá, no había forma de borrar el horror.
“La gente nos decía que veía espíritus rondando por los pasillos. El director daba misa dentro de la escuela una vez al mes para intentar calmar los miedos y ansiedades de la gente”, explicó Jemio. Los sobrevivientes se veían obligados a votar en elecciones en las mismas aulas donde habían sido torturados.
Tras una persistente campaña de las organizaciones de derechos humanos, se construyó una nueva escuela, pero la Escuelita no dejó de funcionar como tal hasta 2013. En 2012, fue declarada como sitio de memoria.
Los crímenes del Operativo Independencia han sido juzgados hasta ahora en dos procesos, uno en 2017 y otro en 2020. Treinta y dos miembros de las fuerzas de seguridad fueron juzgadas por crímenes cometidos contra al menos 270 personas. Dieciocho de ellas fueron condenadas, mientras que 400 casos siguen bajo investigación.
Las cifras reflejan el impacto global de la campaña. Según datos recogidos por el Centro de Estudios sobre Genocidio de UNTREF y la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán, 1.887 personas fueron detenidas en Tucumán entre el inicio del operativo en febrero de 1975 y el retorno de la democracia en diciembre de 1983. Casi la mitad, 825 personas, fueron secuestradas antes de que se produjera el golpe militar.
Los trabajadores de la caña de azúcar representan 123 de las víctimas del Operativo Independencia, lo que los convierte en el grupo laboral más castigado por la represión. Una vez iniciada la dictadura, ese número se elevó a 305. De los 80 centros clandestinos de detención en Tucumán, 14 tenían vínculos con la industria azucarera, incluyendo cinco que funcionaron en ingenios, algunos de los cuales seguían operando como tales mientras que otros no — incluyendo La Fronterita.
La familia de Jacobo luchó incansablemente para que se hiciera justicia. Pero no fue hasta 2003, cuando se anularon las leyes de amnistía que protegían a los militares, que su caso empezó a cobrar fuerza.
El proceso judicial ha sido lento. La causa empezó a investigarse en 2016, pero un juez terminó dictando la falta de mérito de los acusados en 2019. Esto fue revocado en 2021, pero los retrasos han continuado en 2025. En febrero se aplazó una audiencia clave a la espera de que la Cámara de Apelaciones confirme o rechace la apelación de los acusados respecto a su procesamiento. A lo largo de todos estos años, cuatro acusados han muerto o han sido declarado incapaces de ser juzgados.
“Más del 50% de los testigos ofrecidos tienen más de 70 años, y varios han fallecido", explicó el fiscal federal Pablo Camuña. "Todos los contratiempos son un impedimento real al avance del debate oral".
El caso ya ha resultado pionero para posteriores investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos. En 2022, la justicia accedió a la petición de que se embargaran las dependencias del ingenio azucarero que aún pertenecen a la empresa que era dueña del predio entre 1975 y 1983 por haber sido utilizadas para cometer crímenes contra la humanidad.
“Esto nos otorga un recurso para poder indemnizar a las víctimas si los acusados son declarados culpables”, dijo Camuña. Asimismo, agregó que su oficina le pidió al tribunal que la empresa también sea incluida dentro de los procedimientos legales, en tanto son los dueños de las instalaciones en donde los acusados cometieron los crímenes que se les imputan.
Buenos Aires Herald intentó comunicarse con los directivos de la empresa José Minetti y Cia. en múltiples oportunidades mediante mensajes online y llamadas telefónicas, sin éxito.
Nada de esto ha hecho que el caso avance con mayor rapidez.
Según Rodrigo Scrocci, abogado de la ONG Asociación de Abogados por los Derechos Humanos y Estudios Sociales del Noroeste Argentino (ANDHES) que representa a la familia Ortiz en el juicio, los constantes retrasos muestran los límites a los que se han enfrentado las políticas de reparación en Argentina.
“Logramos condenar a militares, funcionarios e incluso jueces por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Pero el poder judicial traza una línea cuando se trata de dirigentes empresariales y grupos económicos”, dijo. Sólo en dos casos se han logrado condendas en casos de esta índole, añadió.
Hortensia Ortiz no pierde la fe en que su familia pueda llegar a saber qué le ocurrió a su padre. Algún día espera recuperar sus restos y velarlos junto a los de su madre. “Lo peor es no saber”, expresó.
Para Fidel, su padre es una fuerza vital que le sirve de guía hasta el día de hoy.
"Tengo una foto de él a la par de mi cama que miro todas las noches antes de dormirme", cuenta. "Él me enseñó todo lo que sé, y estoy agradecido de que haya sido mi padre".
La foto aérea del ingenio, la de la familia Ortiz, y la del exdetenido en la Escuelita de Famaillá forman parte del libro "Fronterita cuenta su historia" y fueron incluidas gracias a la gentileza de sus autores.
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