La Justicia autorizó abrir la feria para analizar una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el marco de los 200 despidos del Gobierno en el Hospital Bonaparte, que luego fue intervenido por un año.
La medida se llevó a cabo luego de las 200 desvinculaciones de trabajadores del establecimiento de salud mental, que luego fue intervenido por el Gobierno por un año.
La Justicia autorizó abrir la feria para analizar una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el marco de los 200 despidos del Gobierno en el Hospital Bonaparte, que luego fue intervenido por un año.
En su presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, el CELS advirtió por el contexto del Hospital Bonaparte y advirtió por "la situación crítica en la que entraron los servicios de guardia, internación, farmacia, atención y cuidados en la urgencia".
En tal sentido, la organización cuya presidenta es María José Guembe apuntó hacia la administración de La Libertad Avanza: "Eso incumple con las obligaciones del Estado de garantizar el acceso gratuito, igualitario y equitativo a la salud y de asegurar a las personas usuarias la preservación de su salud, según establece la Ley de Salud Mental".
"Las políticas de ajuste del gobierno de Milei provocaron una 'reestructuración' dentro de distintas áreas del Ministerio de Salud, que contempló el despido de 1400 profesionales, entre ellos los del Hospital Bonaparte", añadió.
En tanto, precisó las políticas de ajuste que dispuso el gobierno de Javier Milei: "La medida alcanza a otros espacios que ya sufrieron despidos desde el comienzo de la gestión, como el Hospital Posadas, pero también a otras áreas del propio Ministerio y de PAMI, y otros hospitales como el Español, Sommer, la Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, entre muchos otros".
El Gobierno oficializó el jueves la intervención del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, una medida que había sido anunciada este miércoles por el Ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones, y designó como Interventor General al doctor Mariano Bruno Pirozzo.
La Resolución 360/2025, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, dispuso la intervención del Hospital por el plazo de un año y limitó las funciones del actual director, el doctor Christian Francisco Baldino. El Gobierno ya había anunciado el despido de 200 trabajadores entre profesionales de la salud y personal administrativo.
Según explicó el Ministerio, la decisión se tomó "a partir de la sobredotación encontrada en diferentes servicios del Hospital", ya que "para los servicios de guardia e internación, había 109 empleados para asistir 55 camas de internación con una ocupación promedio de sólo 19 pacientes por mes".
La intervención y los despidos se enmarcan en el Plan de Eficiencia de Hospitales 2024-2025 que está llevando adelante la cartera y que también implicó la revisión de las licitaciones de servicios tercerizados de limpieza y seguridad, por las que el Gobierno estimó un ahorro de $760 millones.