La Justicia ordenó reabrir una causa por inconsistencias en las declaraciones juradas de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires dispuso reabrir una causa que investiga supuestas irregularidades en la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación y realizar un peritaje contable, tras un recurso de apelación interpuesto por la Unidad de Información Financiera, en su carácter de querellante, contra la decisión del juez de primera instancia que dispuso archivar la investigación el 5 de junio pasado.

Los jueces ordenaron al juzgado federal 10 que lleva la causa que realice un peritaje sobre las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta antes de volver a tomar una nueva decisión al respecto, al revocar el archivo que se había dispuesto y la decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quienes entendieron que no está agotada la investigación.

Llorens, por su parte en un voto propio en minoría, estimó que esta denuncia en la que es querellante la Unidad de Información Financiera, debería evaluarse de manera "global" con las demás causas abiertas a Cristina Kirchner y entendió que hay pruebas como para citarla a declaración indagatoria.

"Las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas", sostuvo Llorens, quien remarcó: "La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas".

"Aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo", concluyó el juez.

Por lo pronto, la Cámara con los votos de Bruglia y Bertuzzi encomendó una pericia sobre todas las declaraciones juradas patrimoniales y la documentación que el juzgado estime pertinente.

Según consta en el fallo, la UIF "se agravió tras considerar quela valoración del material probatorio efectuada por el titular de la acción penal era insuficiente para determinar la certeza negativa para continuar investigando los hechos que componían el objeto del legajo", debido a que "los comportamientos identificados en el dictamen fiscal significaban una exteriorización parcial del patrimonio de la imputada".

"En su opinión, los datos incompletos o falsos consignados en las declaraciones juradas no habían sido producto de un simple error. Por el contrario, estimó que la imputada tenía motivos para ocultar o sustraer determinados aspectos de su situación económica, lo que se veía convalidado con el incremento de su patrimonio", se agrega.

En su apelación la UIF consideró que la valoración acerca de la manera en que se habían efectuado las exteriorizaciones patrimoniales "debía ser constatada por un profesional de ciencias económicas", lo que motivó la solicitud de la revocación del archivo.