Las irregularidades detectadas en el millonario negocio de Leandro Camani con las fotomultas

Miles de cámaras de vigilancia en numerosos municipios bonaerenses. Millones de actas. Fotomultas mal confeccionadas o con errores. Con esos ingredientes, el polémico empresario Leandro Camani logró montar un negocio irregular con el que factura u$s1.000.000 por día.

Destapado el escándalo por la concesión de las fotomultas a empresas privadas en la provincia de Buenos Aires, la intención de Camani, a la cabeza de una oscura firma denominada Secutrans, es continuar con sus actividades.

Secutrans es la encargada de la instalación y mantenimiento de 1.500 cámaras en municipios como Lezama, Chivilcoy, Escobar, San Antonio de Areco, La Matanza, Morón, Hurlingham, San Martín y Mar del Plata, y es señalada por su elevada facturación y el elevado porcentaje de multas inválidas.

Aunque la normativa establece que las actas con errores no deben ser procesadas, y pese al rechazo de los usuarios, Secutrans siguió adelante con el cobro de multas erróneas. De esa manera, en 2023 generó ingresos por $386 mil millones, y se calcula que en 2024 esa cifra habría aumentado en un 30%.

En ese escenario, el dato alarmante es que entre el 60% y el 70% de las fotomultas emitidas son nulas, ya que presentan errores o irregularidades, como imágenes de vehículos mal identificados o con datos incorrectos.

El negociado viene desde hace rato y se consolidó durante la gestión de María Eugenia Vidal, cuando Camani firmó un convenio de concesión, en noviembre de 2019. A partir de entonces, las cámaras se distribuyeron en diversos puntos clave, especialmente a lo largo de la Ruta 2, una de las más transitadas hacia la Costa Atlántica.

El vínculo del "rey de las fotomultas" con la política, las denuncias por fraude en la gestión de espectáculos (compró los derechos de la organización de los Premios Martín Fierro) y su relación con cuestionados personajes de la farándula contribuyeron a que su figura se torne aún más controvertida.

La polémica en torno a Secutrans se intensificó al revelarse que, a pesar de que las actas mal confeccionadas deberían ser anuladas en los juzgados de faltas, la empresa sigue procesando y cobrando multas inválidas. Una clara violación de la normativa, ya que la ley establece que en caso de duda, el beneficio debe ser siempre para el conductor.