No era una entrevista incómoda. De hecho, al comenzar, Javier Milei había expresado su satisfacción por poder darle una nota a dos entrevistadores juntos. Pero algo lo desencajó. “Che Cristina está nerviosa, porque Casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa”, soltó algo incómodo. El tono cambió definitivamente. El Presidente recurrió a un recurso que no solía utilizar. El de salir a gritar “Cristina presa”.
¿Tiene el presidente información que el resto de los ciudadanos no poseemos? Probablemente no. Y más probablemente su declaración haya respondido al intento correr el foco del mal momento que atraviesa su plan económico y de la incesante sangría de dólares, reflejada por los medios y especialistas durante toda la semana.
A pesar de ello, sí es cierto que tiene funcionarios que dialogan frecuentemente con el máximo tribunal. Párrafo aparte merece la situación judicial de la expresidenta, como para aclarar el panorama: este lunes el abogado Carlos Beraldi presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que se revise la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aún el caso no llego. El martes a las 9.30 vence el plazo para hacer una presentación de esas características.
¿Qué hará la Corte? Se espera que primero remita a la fiscalía ante el máximo tribunal el planteo que haga el Ministerio Público, que ya anunció que también hará una queja. Respondida es vista -que se hace a los efectos de que se sostenga o no el recurso- el caso quedará en manos de los jueces que no tienen plazos para resolver. Las estadísticas dicen que es poco probable que una condena en una causa penal se revierta en la Corte con una queja. Los datos duros indican que en el máximo tribunal hay unas siete mil causas penales que llegaron antes que Vialidad.
En un contexto en el que la exvicepresidenta evalúa ser candidata a legisladora nacional, una repuesta desproporcionadamente rápida podría provocar un terremoto político. Entre las causas penales que llegan a la Corte Suprema de Justicia hay gran cantidad de casos de lesa humanidad. Esta semana, por caso, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos del fiscal y las querellas y habilitó la intervención del máximo tribunal para expedirse respecto a las torturas y vejaciones sufridas por los soldados durante la Guerra de Malvinas.
Fue una decisión tomada por unanimidad por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahíques y Diego Barroetaveña que hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por el fiscal general, el Centro de ex-Combatientes de Malvinas, la Comisión Provincial por la Memoria y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en la causa por torturas durante la Guerra de Malvinas. Las investigaciones por torturas sufridas por conscriptos en las Islas Malvinas durante la guerra se iniciaron en 2007 y en ella declararon 180 excombatientes como víctimas o testigos e involucra a 95 militares que se encuentran en calidad de imputados. Los recursos fueron dirigidos contra la resolución dictada por la misma sala de la Cámara Federal de Casación que con otra composición, había beneficiado al militar Gustavo Rodolfo Malacalza al anular el procesamiento en su contra por haber ejercido torturas y vejaciones sobre los conscriptos, tras considerar que no eran delitos de lesa humanidad.
El desembarco del caso de CFK en territorio cortesano ocurrirá en una semana particular: se espera que el jueves, el Senado trate los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del abogado y juez comisionado Manuel García Mansilla, los candidatos del gobierno para desembarcar en el máximo tribunal. Son 25 votos negativos (de un total de 72 senadores) los que alcanzarían para frustrar el deseo del gobierno. En Unión por Patria, donde revisten más de 30 senadores, creen tener esos votos. Pero nadie se anima a confirmarlo. Nada podrá asegurarse en la víspera.
El nerviosismo de Milei podría sumar esta semana otros dos elementos: por un lado, el caso $LIBRA, donde se investiga si el presidente fue parte de una cripto estafa, sumó una medida de prueba enfocada directamente en su patrimonio y en el de su hermana y, por otro, comenzará a cambiar el ritmo de investigación de la represión a los jubilados a partir de que las causas que radicadas en Comodoro Py ya quedaron bajo la órbita de un solo juez.
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En el caso $LIBRA, el fiscal federal Eduardo Taiano le pidió a la titular de la secretaría para la investigación financiera y el recupero de activos ilícitos, María Fernanda Bergalli, colaboración para reunir información sobre la evolución patrimonial de Javier Gerardo y Karina Elizabeth Milei, entre otros. En la causa, además, ingresaron como querellantes varios damnificados que ahora podrán revisar el expediente y sugerir medidas de prueba. La investigación podría entrar en una etapa vertiginosa. La Cámara Federal porteña, en tanto, resolvió el viernes que la jueza federal María Romilda Servini quede al frente de las investigaciones por la represión de las fuerzas federales de Seguridad el 12 de marzo, día de la manifestación de jubilados e hinchas de fútbol frente al Congreso.
Entre otros hechos deberá echar luz sobre la agresión sufrida por Beatriz Blanco, la mujer de 81 años que sufrió un corte en su cabeza, y el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece internado tras haber recibido el impacto de una posta de gas lacrimógeno disparada en línea recta hacia su cabeza. Un dato que denota el cinismo con el que se desenvolvieron las fuerzas federales de seguridad: de acuerdo con los primeros hallazgos generados cuando la causa estaba aun en manos de la justicia porteña, “el 12 de marzo a las 12 horas se implantó en las inmediaciones del Congreso de la Nación la orden de servicio 659/2025 identificada como ´porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados´”. Esa consigna, usada por la Policía para nombrar aquel operativo, es en realidad la frase alguna vez pronunciada por Diego Maradona, que los hincas de fútbol hicieron bandera para salir en defensa de los jubilados.