Milei, entre la lluvia de denuncias por sus dichos y la búsqueda del blindaje político y judicial

El presidente Javier Milei regresó a la Argentina en medio de una incesante lluvia de denuncias que él mismo desató, primero con su defensa al saludo de brazo extendido que hizo Elon Musk en Estados Unidos (gesto que fue emparentado al saludo nazi en el debate público) y luego con su discurso ante el foro económico mundial, conocido como el foro de Davos, donde se dedicó a descalificar la agenda progresista en lugar de hablar de economía.

“Cáncer que hay que extirpar”, “infección”, “virus mental”, “pandemia”, “epidemia”. Fueron solo algunas de las palabras que eligió Milei para referirse a la agenda progresista, a la que el suele definir como “agenda Woke”. Se trató de un discurso agresivo, enfocado en la denominada batalla cultural, que le sirvió de puntapié para que luego sus funcionarios salieran a anunciar en on y off the record que el Poder Ejecutivo buscará avanzar en una agenda que pretende recortar derechos conseguidos por distintas minorías. Una tormenta perfecta para dividir aguas.

Alcanza con un sólo párrafo para tener un nítido ejemplo de la violencia simbólica que Milei le imprimó al discurso de trece páginas que leyó en Davos. “Hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”, lanzó.

Las denuncias contra Milei no tardaron en reproducirse. El primero en presentarse ante la justicia federal fue Daniel “Tano” Catalano, dirigente sindical de ATE Capital, quien presentó una denuncia contra el presidente por incitación a la violencia colectiva. La presentación versó sobre el posteo con el que el presidente defendió al megamillonario Musk, en el que escribió “zurdos hijos de puta tiemblen” y “los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta”. La denuncia recayó en el juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini. Minutos más tarde se sumó una segunda denuncia, del abogado Gregorio Dalbón, que cayó en el juzgado federal 6, interinamente a cargo de Daniel Rafecas. Dalbón, además, remitió la denuncia al Congreso de la Nación y piensa elevarla a tribunales internacionales.

Luego del discurso de Davos, las denuncias se multiplicaron. El diputado nacional Esteban Paulón fue el primero en presentarse ante la justicia. En el texto de la denuncia, además, el legislador nacional aprovechó para responder el ejemplo invocado por Milei en Davos: “La conclusión a la que llega el Presidente Milei es maliciosa, desproporcionada y ridícula. De hecho, la mayoría de los casos de abusos sexuales son perpetrados por personas heterosexuales, y de ninguna manera podría ocurrírsele a alguien que quienes defienden los derechos de las personas heterosexuales o incluso, que quienes son heterosexuales, son pedófilos”. Jaque mate.

La denuncia de la Federación Argentina LGTB+

El viernes último, en tanto, el abogado Dalbón presentó una segunda denuncia contra Milei (ahora por su discurso en Davos) y los dirigentes de izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño presentaron una propia. La semana que comienza la lluvia de denuncias continuará, aunque nada indica que estos temas vayan a ser abordados por la justicia durante la feria judicial que termina a fin de mes.

Las declaraciones de Milei fueron retomadas en Argentina por funcionarios de su gobierno que salieron a regar primero en off y luego on the récord que el Poder Ejecutivo prevé avanzar con una agenda “contra los cupos”, que en rigor es una agenda que buscará derogar muchos de los derechos conseguidos por las minorias.

“Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra. Como dijo el presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto”, escribió en su cuenta personal en la red social X el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona.

Le respondió el diputado nacional, presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez: “No lo vamos a permitir, ministro. Y le aseguro que la convocatoria será tan amplia y transversal que se van a sorprender. En las calles, en el Congreso y en la justicia le diremos NO a este retroceso”. El problema de las tormentas perfectas, es que no siempre se puede prever quién encontrará el mejor bote para sortearlas.

Sobre ese tema, este medio consultó, además, la opinión del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, que sostuvo que “las afirmaciones (del ministro de Justicia) se inscriben “en la dirección necropolitica de gobierno” porque “la heteronorma mata” y “desprecia los imperativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtual violación a los deberes estatales”.

“El sistema de protección internacional impone el principio de debida diligencia en materia de afectación a las mujeres y diversidades, lo que importa una grave violación a los Derechos Humanos. La debida diligencia es un deber, asumido por el Estado argentino, para prevenir, sancionar y erradicar los distintos hechos de violencia contra las mujeres y diversidades”, remarcó.

“Este deber nace de las obligaciones asumidas por Argentina en la Convención Americana de Derechos Humanos y de las obligaciones específicas que se encuentran en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)”, completó el magistrado.

El regreso al país también coincidió con la salida de Rodolfo Barra de la Procuración del Tesoro de la Nación, que agrupa a los abogados del Estado. Fue una decisión que precipitó el propio mandatario desde su gira internacional y que oficializó a través de un posteo del vocero presidencial. El principal candidato a reemplazarlo es el ex juez penal Ricardo Manuel Rojas, aunque la terna de candidatos la completan los abogados Santiago Castro Videla y Carlos Laplacette.

Un panorama complicado

Quien asuma no tendrá tarea fácil: el Gobierno viene recibiendo semana a semana reveses en cientos de causas vinculadas a decisiones emanadas del Ejecutivo como la de interrumpir la provisión de alimentos o fondos a comedores sociales o aquellas vinculadas a desarmar los mecanismos de asistencia para niñas u mujeres en situación de violencia. De todas formas no será tan importante su desempeño como su lealtad: en el oficialismo creen que llegó la hora de los “puro”, los mileistas que piensen y ejecuten como el presidente y lo que él denomina el triángulo de hierro.

En el afán de lograr un “blindaje” lo más seguro posible, el Ejecutivo todavía baraja unos 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales que podría someter a discusión del senado en el marco de las sesiones extraordinarias o bien dejarlos para más adelante. Ahí también buscarán aplicar el criterio de la lealtad o, cuando no se pueda, el de negociación: donde no haya candidatos propios o liberales, se podrá negociar.

En el temario de la convocatoria a extraordinarias, el gobierno colocó, en el punto 7, la Consideración de Pliegos que requieran Acuerdos para designaciones y promociones del Honorable Senado de la Nación. Si bien la opinión pública se enfocó en los casos de los candidatos a desembarcar en la corte, el juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla, lo cierto es que todos los pliegos están en juego. “Eso hace que los gobernadores puedan estar interesado en aportar votos”, explica una fuente que señala que muchos de los pliegos son para funcionarios que se desenvolverán en el fuero federal con asiento en las provincias.

Voceros oficiosos del presidente Milei aseguran que el Gobierno confía en que tendrá durante 2025 a sus dos candidatos ubicados en la Corte Suprema de Justicia. Descuentan que Lijo, que ya tiene dictamen, conseguirá los votos. No están convencidos de que vaya a poder lograrlo García Mansilla, pero no lo descartan. En ese caso recurrirían al decreto, cuya validez para nombrar un juez en la Corte será cuestionada por la oposición. El kirchnerismo ya avisó, además, que si nombran a un juez por decreto, no le darán acompañamiento del senado por lo que no podrá permanecer en ese lugar por másde un año. Una jugada sobre el límite peligroso de las normas.

En esta columna ya se reveló tiempo atrás que, para destrabar el tema Corte, en algún momento los negociadores del Gobierno intentaron un camino alternativo y propusieron desempolvar el proyecto kirchnerista para ampliar la Corte, que tiene media sanción del Senado. Prometieron mandar a sus diputados y los aliados a votarlo. Pero la dinámica de la propuesta fue lo que no gustó en la contraparte. El Gobierno pretendía que el peronismo le diera los votos para Lijo y García Mansilla y que, una vez completada la Corte de 5 miembros, se tratara el proyecto para ampliar la Corte. La respuesta desde el Instituto Patria, a través de emisarios, fue tajante: “Se hace todo junto. Aprobamos la ampliación y ahí entran esos dos candidatos juntos con otros”. No hubo acuerdo.

El principal problema en esa negociación es la mutua desconfianza. Lo interlocutores oficiosos del gobierno dialogan con pares del kirchnerismo. Es un diálogo de asesores de confianza de Milei con hombre que responden a CFK, entre los que hay funcionarios del gobierno bonaerense y hasta miembros del Congreso. El problema es que ni ellos son la expresidenta ni los asesores de Milei son el mandatario.