Las políticas públicas de derechos humanos sufrieron un gran retroceso y deterioro durante el primer año de gobierno de Javier Milei. El modelo de ajuste y destrucción del Estado de la gestión de La Libertad Avanza estuvo sostenido por despliegues represivos de las fuerzas de seguridad, ataques a la libertad de expresión y discursos de odio contra todos los adversarios políticos. En ese marco, se desplegó desde el Gobierno una agenda negacionista y que reivindica los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sufrieron un fuerte desmantelamiento desde el comienzo de la gestión. Esto implicó decenas de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, desfinanciamiento, cierre de distintas líneas de trabajo y el vaciamiento de instituciones encargadas de la defensa de derechos humanos, incluyendo la venta de sitios de memoria. Entre las medidas regresivas, se cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños que funcionaba en el marco de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Además distintos organismos públicos, como las carteras de Defensa y Seguridad, comenzaron a limitar el acceso a la información en temas vinculados a la dictadura.
"Sabíamos que iba a ser un mal Gobierno, pero jamás lo imaginamos de esta manera: negacionista, inhumano queriendo borrar con mucho odio todo lo que sea memoria, verdad y justicia", aseveró Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora a C5N.
Almeida sostuvo que fue un año nefasto para las políticas de derechos humanos y denunció que desde el Gobierno se está impulsando una batalla cultural para transformar la condena social sobre la dictadura y habilitar el retorno de la violencia estatal. Como ejemplo de esto, habló de la visita a los genocidas.
"Yo le preguntaría cara a cara a Villarruel, Milei y todos sus secuaces si están de acuerdo con que sus amigos, entre otras brutalidades, hayan tirado vivas a nuestras queridas madres con los vuelos de la muerte, a las monjas francesas y a tantos de nuestros hijos. Yo les preguntaría si están de acuerdo que sus amigos hayan tirado al mar las presas políticas embarazadas, las hayan asesinado y le hayan apropiado a sus hijos entre otras tantas preguntas", manifestó.
De todas maneras, la Madre de Plaza de Mayo aseguró que el Gobierno no va a lograr el consenso de la mayoría de la sociedad. "Les ha salido una resistencia muy fuerte y lo estamos demostrando con los hechos que no nos han vencido", indicó. Luego agregó que el campo nacional y popular debe recuperar las palabras "militancia, compromiso, compañerismo y solidaridad". "Las madres estamos tranquilas, si bien quedamos poquitas, sabemos que hay muchísimos jóvenes que tomaron la posta".
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El integrante de HIJOS Capital Carlos "Charly" Pisoni consideró que el 2024 es el peor año en materia de derechos humanos desde el retorno de la democracia y el gobierno de Milei es el "más cruel y nefasto" que ha tenido el país. "Las políticas económicas que se están aplicando son las mismas política por la cual hicieron desaparecer nuestros padres. Hay una gran mayoría de argentinos que la está pasando muy mal bajo la línea de pobreza e indigencia", señaló.
Pisoni afirmó que el Gobierno tomó la decisión política de desmantelar los derechos humanos para que ya no hayan avances en las políticas de derechos humanos. Acto seguido denunció que la gestión libertaria está tejiendo alianzas con genocidas y sus familiares para lograr su impunidad pero destacó que la reacción de distintos sectores de la sociedad los hicieron retroceder en sus planes. Luego reflexionó sobre el crecimiento del negacionismo en Argentina y sostuvo que la avanzada comenzó con el macrismo.
"Durante muchos años logramos que no hubieran declaraciones a favor de los genocidas o reivindicando la dictadura. Ese logro fue producto de la resistencia de las madres y las abuelas y de haber logrado un consenso que llevó a que hayan políticas públicas de derechos humanos. Durante el gobierno de Cambiemos el propio Mauricio Macri comenzó a atacarnos diciendo que éramos ´el curro de los derechos humanos´, luego empezó después toda una oleada en redes donde atacaron fuertemente a las organizaciones de derechos humanos y las políticas de memoria, verdad y justicia", repasó.
Si bien reconoció que siempre hubo un sector de la sociedad que apoyó a los genocidas, el integrante de HIJOS dijo que ahora la diferencia es que volvieron a ocupar la Casa Rosada: "Villarrueles siempre existieron siempre, pero hoy lamentablemente una de ellas es vicepresidenta". Sin embargo, aseveró que el pacto con la impunidad no pudo avanzar gracias a que hay un consenso de la sociedad mayoritaria con las políticas de derechos humanos. "Son nervios de la sociedad argentina que no se pueden tocar. Eso es positivo porque, más allá del Gobierno que tenemos, hemos construido un consenso colectivo sobre cuáles son los puntos en los que no queremos retroceder".
En línea con Almeida, Pisoni aseguró que pese a los esfuerzos del Gobierno la lucha de los organismos de derechos humanos continúa. "Las abuelas van a continuar siempre su búsqueda. Haya financiamiento o no, van a seguir luchando hasta encontrar a sus nietos. Una de las grandes enseñanzas que nos legaron es estar organizados y ser parte de un colectivo. Ellas en plena dictadura o cuando no había políticas públicas estatales y les cerraban las puertas siguieron adelante y consiguieron grandes cosas".
"Tenemos que seguir ese camino. Los organismos nacimos y crecimos sin nada y obtuvimos grandes victorias a partir de resistir, de esperar, detener la paciencia y de no dejar de caminar nunca. Tenemos que seguir ese camino sabiendo que en algún momento este Gobierno va a terminar y vamos a volver a construir lo que están destruyendo", enfatizó.
Ataques a la libertad de expresión
Al cumplirse un año de gobierno de Milei, Amnistía Internacional Argentina publicó un informe titulado "12 meses de gestión, 12 derechos perdidos" en el que además de denunciar las consecuencias del ajuste y la desregulación económica, se da cuenta sobre los ataques a la libertad de expresión y de protesta.
"El gobierno ha decidido liderar una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales", manifestaron en el informe.
"Estos mensajes han sido multiplicados por integrantes de su gobierno, especialmente en las plataformas digitales X y TikTok, generando con frecuencia aluviones de agresión y odio. Desde que inició su administración, Amnistía Internacional ha documentado el ataque y hostigamiento a al menos 30 periodistas, poniendo en serio riesgo la libertad de expresión. El desprestigio, la difamación y la estigmatización se han utilizado para intimidar el ejercicio de la prensa libre e independiente que pregunta o cuestiona las medidas adoptadas por su administración", agregaron.
También advirtieron que el derecho a la protesta "está sometido a una amenaza creciente y sin precedentes". "Cada vez más países sancionan leyes y otras medidas para restringir la libertad del derecho a manifestarse; para criminalizar a quienes reclaman a las autoridades; se habilita el uso indebido de la fuerza; se expande la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva", señalaron.
En ese marco señalaron que el "Protocolo Antipiquetes" de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich impone severas restricciones a la protesta pacífica y habilitó el uso abusivo de la fuerza, el uso indiscriminado de armas menos letales – gases lacrimógenos y balas de goma dirigidas al rostro- tanques hidrantes y mecanismos de vigilancia en redes sociales.
"De la mano de las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social, parece buscarse imponer un clima de temor que inhabilite las expresiones de disconformidad, propias de la libertad de pensamiento y expresión, que deben ser garantizadas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos", indicaron.
"Este gobierno ha hecho del concepto de libertad una parte identitaria, es su bandera, sin embargo lo que fue replicado en la práctica es todo lo opuesto. La libertad fue boicoteada en sus múltiples direcciones", expresó Paola García Rey, Directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, en diálogo con este medio.
