Gobernadores de Juntos por el Cambio y dialoguistas esperan contactos por parte del Gobierno para reanudar las negociaciones en torno al Presupuesto 2025, mientras el ejecutivo analiza volver a prorrogar la designación de fondos del 2023 para tener discrecionalidad absoluta en el manejo de los fondos.
En las últimas horas los gobernadores "cambiemitas" volvieron a insistir con la necesidad de que mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para buscar destrabar las diferencias y lograr la aprobación de la ley de gastos y recursos del próximo año.
Fuentes de Casa Rosada afirman que esa negociación podría producirse pronto aunque todavía no hay una reunión agendada para tratar el proyecto cuyo tratamiento el oficialismo suspendió el martes por falta de acuerdo con los bloques dialoguistas.
La UCR pidió la semana pasada que se vuelvan a reanudar las conversaciones sobre la ley de gastos y recursos del 2025 y este domingo lo volvió hacer el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien consideró imprescindible que se apruebe esa ley y no se vuelvan a prorrogar el Presupuesto 2023.
"No tener presupuesto es no tener previsibilidad", sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia, y aseguró que "hay volumen de generar los consensos parlamentarios necesarios" que permitan aprobar la estimación de cálculo para el año entrante.
En la misma línea, destacó: "Es una falacia decir que no hubo acompañamiento de otros espacios. Lo que uno no puede es hacer siempre lo que uno quiere y a veces hay que hacer lo que corresponde que es contemplar las obligaciones que tenes por ley.
Hablo de las cajas previsionales, que hay que cumplirlas como se está cumpliendo en fallo de la Corte para Capital Federal. Es un error porque hace a la calidad institucional".
Qué piden los Gobernadores
Los gobernadores piden cinco puntos: destinar la asignación específica del 2,55 del impuesto a los combustibles que se destinaba a obra y compensación del transporte a la masa coparticipable; financiar el déficit de las cajas previsionales, derivar parte del 1,9 de la recaudación de la ex AFIP a la coparticipación, compensación del Pacto Fiscal del 2017, y distribuir ATN no utilizados.
Hasta ahora el Gobierno rechazó las demandas al considerar que afectaba el equilibrio fiscal ya que implicaban unos 3700 millones de dólares, aunque los dialoguistas dicen que se puede compensar con una baja de los gastos tributarios.