Qué pasará con el escandalo de las fotomultas tras la renuncia de Jorge D´Onofrio

Este lunes Jorge D'Onofrio presentó su renuncia como ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, acorralado por las denuncias en su contra por irregularidades en los trámites para las fotomultas y la VTV.

Pese a que argumentó como excusa de su dimisión "motivos de salud", lo cierto es que la situación del funcionario bonaerense se complica hora a hora: de hecho, el 12 de diciembre, D´Onofrio fue imputado junto a otras seis personas, entre las que se encuentran dos concejales de Pilar, Claudia y Roxana Pombo, y el Juez de Faltas Mario Quattrochi.

La denuncia fue presentada por el empresarioLeandro Camani, dueño de Secutrans, una firma que factura casi un millón de dólares con las más de 1.500 cámaras que gestiona en municipios clave como Mar del Plata, Morón y La Matanza y que a su vez había sido denunciado por actas mal confeccionadas o que tienen errores y no deberían ser procesadas.

En la denuncia, el empresario expresó que tanto D’Onofrio como la presidenta del consejo deliberante de Pilar Claudia Nélida Lucía Pombo "lideran una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, acumulando, con motivo del accionar marginal descripto, siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles y inmuebles bajo una falsa apariencia lícita, valiéndose para ello, en algunos casos, de la utilización de prestanombres o interpósitas personas".

“De este modo, a partir del sostenido accionar delictivo desplegado en tomo a la estructura ilegal diagramada para la supresión de multas de tránsito que pudiera cometer la ciudadanía, procuraron un sistema de recaudación marginal con el cual acumulan cifras millonarias que son distribuidas, de acuerdo a su grado de intervención, responsabilidad, injerencia y responsabilidad, entre sus integrantes, siendo sus cabezas, claro está, el nombrado D’Onofrio y quien resulta su ladera política, Claudia Pombo", agregó.

La causa recayó en el juzgado de Zárate - Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Semanas atrás, el magistrado ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de D'Onofrio y los demás investigados en la causa. Ahora la Justicia aguarda que el Banco Central solicite información sobre D’Onofrio y los demás investigados a las distintas entidades bancarias, para determinar “si son titulares de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y moneda extranjera, todo ello correspondiente al período 29 de diciembre de 2021 hasta el día de la fecha inclusive”.

Un negocio millonario

La gestión de las fotomultas, concesionada a empresas privadas, despertó una gran polémica que apuntó contra el empresario Leandro Camani por las denuncias de actas mal confeccionadas o que tienen errores y que no deberían ser procesadas. Ahora, se reveló que su compañía facturaba casi un millón de dólares por día.

En ese punto se detalló que la empresa Secutrans, una de las concesionarias que se encargan de las fotomultas en varios municipios bonaerense, “en 2023 tuvo ingresos por 386 mil millones de pesos”, según contó el periodista Mauro Federico.

“Estamos hablando de fortuna que también, si bien no está cerrado el ejercicio, en 2024 se calcula que la recaudación podría ser de un 30% más”, agregó, en cuanto a lo que se estima que lo que será el balance de este año.

La facultad de regular el tránsito y sancionar infracciones en Argentina recae en la Nación, que delega estas funciones a las provincias, y estas, a su vez, a los municipios. En Buenos Aires, la gestión de las fotomultas está concesionada a empresas privadas, que son responsables de instalar y mantener las cámaras, además de procesar las infracciones.

Más de la mitad de las actas están mal confeccionadas porque tienen algún error o defecto ya sea porque no están con la foto debidamente reflejada la identidad de la persona o del vehículo con su dominio correspondiente. Además, muchas de las fotos multas directamente no es el auto del dueño multado o mismas las multas confeccionadas son ficticias, ya que los conductores alegan que nunca estuvieron en determinado lugar y horario.

Camini firmó el convenio de la concesión en noviembre del 2019 durante el Gobierno de María Eugenia Vidal. A partir del 2020, Camani comenzó a trabajar en la provincia de Buenos Aires con 1.500 cámaras distribuidas en los municipios de Lezama, Chivilcoy, Escobar, San Antonio de Areco, La Matanza, Morón, Hurlingham, San Martín y Mar del Plata.

Además, Camani compró los derechos de la organización de los Premios Martín Fierro.