La Cámara Federal resolvió la reactivación de la causa en la que se investiga el atentado al comedor de la Policía Federal ocurrido en julio de 1976 en el que fallecieron más de 20 personas y ordenó citar a indagatoria al ex líder de Montoneros Mario Firmenich.
Para la Cámara el caso no está prescripto ya que se trata de una grave violación a los derechos humanos y “nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado”. En consecuencia, se revoca la extinción de la acción penal por prescripción y los consecuentes sobreseimientos dictados.
Además, se tendrá como parte querellante a la “Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica”, a Eduardo Emilio Kalinec y a Alicia de León y se ordena “la continuidad de la pesquisa, todas las medidas de prueba que, pese al tiempo transcurrido, permitan dilucidar lo que aconteció el 2 de julio de 1976 y establecer quiénes fueron sus responsables, ya sea que tuvieran intervención directa en el hecho o indirecta dentro de la estructura de mando de la propia organización que ideó, planeó y autorizó el accionar ilícito”
El caso estuvo años tramitándose en tribunales y pasó por todas las instancias. “Reparar los derechos de las primeras víctimas del atentado y, al mismo tiempo, proteger los de aquellas otras que hoy se presentan ante los tribunales de justicia, las olvidadas, no corresponde mantener ocluidos los caminos investigativos. Por el contrario, se debe impulsar -con el vigor que corresponde- la presente acción, lo que se le encomienda expresamente a la magistrada de grado. Es necesario -diríamos imprescindible- realizar los mayores esfuerzos, desde la justicia, para reparar precisamente el valor justicia que se ha venido denegando a las víctimas”, advirtieron en el nuevo fallo los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El camarista Mariano Llorens sostuvo en su voto: “La historia no es una novela, ni el mundo se divide entre buenos y malos, sino en muchas tonalidades de grises. Por eso, aquí no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de Lesa Humanidad, e imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”.
La Cámara revocó los sobreseimientos de Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares.
El fallo
“El delito, en principio, no tuvo como protagonista a ningún representante del Estado. Por lo contrario, fueron principalmente sus propios agentes los que resultaron víctimas del hecho, y fue una organización no estatal la que se atribuyó directamente el atentado”, señala.
“Y aunque no haya sido el poder público el responsable directo de esas muertes, heridos y daños, ya sea por acción u omisión, sus autoridades eran las encargadas de garantizar otro tipo de responsabilidad, que también constituye una violación a un interés fundamental, básico, de los derechos humanos. Esta vulneración no se limitó a un momento específico del pasado, sino que se extiende hasta la actualidad. Se trata del deber exclusivo y esencial del estado de investigar y dar respuesta y protección judicial a los derechos de las víctimas”
El caso
El atentado, conocido como el ataque al comedor de la Policía Federal o ataque a Coordinación Federal, ocurrió el 2 de julio de 1976, cuando un artefacto explosivo estalló en la Superintendencia de Seguridad Federal (también conocida como Coordinación Federal) de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, causando el derrumbe del techo del comedor en momentos en que el lugar se hallaba lleno de suboficiales almorzando. Murieron 23 personas y unas 110 resultaron heridas.
Horas después, el episodio fue reivindicado por la organización “Montoneros” con un comunicado: “A nuestro pueblo: En la mañana del día de la fecha, el pelotón de combate “Sergio Puigrós” del Ejército Montonero, aprovechando una falla en el dispositivo de vigilancia y control de la Superintendencia de Seguridad Federal (ex Coordinación Federal), colocó en su sede central un artefacto explosivo”.
“Cumplida su misión, los compañeros se retiraron sin novedades y, posteriormente, tal como estaba planificado, el artefacto detonó a las 13.20 en el comedor de esa dependencia”, concluía el mensaje.
El año pasado, la jueza María Servini volvió a rechazar la intención de analizar las responsabilidades de Montoneros en el atentado. En 2006, la jueza ya había rechazado una denuncia contra los presuntos autores del atentado al entender que no era un crimen de lesa humanidad.
El paso del tiempo derrumbó la posibilidad de analizarlos como crímenes comunes. El caso escaló a la Corte Suprema que en su momento confirmó es criterio. En 2021, un grupo organizaciones civiles y unos 400 abogados pidieron la reapertura de la causa y que el caso sea declarado imprescriptible.