Mientras la Justicia dirime en qué juzgado recaerá la causa por la brutal represión a jubilados e hinchas de fútbol durante la manifestación del 12 de marzo pasado en el Congreso, la jueza María Romilda Servini ordenó una batería de "medidas urgentes que no admiten ningún tipo de dilación".
Fuentes judiciales informaron a C5N que la magistrada a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 dio intervención al Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para "recopile y analice los registros fílmicos que pudieran haber captado las cámaras pertenecientes a edificios, comercios y entidades públicas y/o privadas" ubicadas en la zona donde se produjo la represión a los manifestantes.
De acuerdo a las denuncias presentadas, la jueza determinó que las cámaras a analizar son las que están ubicadas en el perímetro comprendido entre las calles Combate de los Pozos, Adolfo Alsina, Balcarce y Bartolomé Mitre, en la avenida Hipólito Yrigoyen entre las calles Solís y Virrey Cevallos, y en la esquina de avenida Entre Ríos y la avenida Rivadavia, entre las 14 y las 20 horas del miércoles 12 de marzo.
También ordenó a la PSA que "proceda a la compulsa de redes sociales, fuentes abiertas de internet, y portales periodísticos con el objeto de obtener material audiovisual con relación a la actuación de las fuerzas de seguridad durante la manifestación; autorizando, en caso de ser necesario, a solicitar a los medios de comunicación el material correspondiente a la cobertura en vivo realizada al respecto".
Además, pidió al Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad que entregue de manera "urgente" al CEAC las grabaciones correspondientes a la totalidad de los registros fílmicos obtenidos por los domos.