Represión en el Congreso: Patricia Bullrich pronosticó "penas de hasta 20 años de prisión" para los detenidos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió este miércoles que los más de 100 detenidos en las inmediaciones del Congreso durante la marcha de jubilados e hinchas de clubes de fútbol "enfrentan penas de hasta 20 años de prisión", según indica la nueva Ley Antimafia.

"Los violentos detenidos hoy muestran lo peor de la decadencia que estamos dejando en el pasado. Detuvimos un centenar de violentos piqueteros, militantes de agrupaciones políticas y barras bravas, que son integrantes de organizaciones criminales que operan con total impunidad desde hace años", relató la funcionaria del Ejecutivo en su cuenta de X.

"Con la nueva Ley Antimafia, los más de 100 detenidos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión. Se terminó el tiempo de los aprietes, la extorsión y el negocio del miedo. Vamos a desmantelar estas estructuras delictivas. En Argentina manda la ley, no los barras, ni la izquierda", agregó Bullrich.

Qué dice la nueva Ley Antimafia promulgada por el Gobierno

La nueva Ley Antimafia redefine el significado de las organizaciones criminales y aumenta las penas para sus integrantes. Los delitos que están tipificados son narcotráfico, corrupción, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión, entre otros.

Así, la Ley 27.786, sancionada por el Congreso durante el reciente período de sesiones extraordinarias, define a las organizaciones criminales como "grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves".

También permite la posibilidad de declarar ciertas áreas como "zonas sujetas a investigación especial" para facilitar la acción de la Justicia. De este modo, las investigaciones podrán ser llevadas a cabo por fiscales federales con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales.

La norma endurece las penas para quienes formen parte o colaboren con organizaciones criminales, con condenas de 8 a 20 años, a la vez que habilita a que los miembros de estas organizaciones puedan recibir la pena del delito más grave cometido por el grupo, independientemente del rol de cada uno.