Un extitular de la CNV enumeró los posibles delitos en los que incurrió Javier Milei con el escándalo cripto

Las repercusiones tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que fue lanzada y promocionada por el presidente Javier Milei provocando una meteórica suba en su cotización y posterior desplome, no paran y quien encendió las alarmas sobre una posible estafa fue Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre 2009 y 2014: "Lo ocurrido es grave y hechos así pueden afectar en el futuro al gran público si no hay sanciones ejemplares", expresó.

El expresidente del Banco Central describió el accionar del mandatario y dejó en evidencia el desmanejo del jefe de Estado: "El presidente Milei alaba e incita a operar Libra efectuando una recomendación de compra. Nótese que el Presidente no aclaró que sus dichos no son una recomendación de compra como si lo aclaran cubriéndose diversos operadores. El precio del token quintuplica su valor en horas".

Además, agregó: "En el medio se evapora un valor de mercado de u$s4.500 millones y hay operadores damnificados. Luego que Milei postea, el valor del token llega al máximo y luego hay masivos retiros en cinco operadores por casi US$ 100 millones. Existe un posible delito de estafa".

Según Vanoli, los posibles delitos que debe investigar la Justicia y la CNV

• Posible estafa ("Aunque CNV opine de manera cuestionable que un token no es un valor negociable")
• Posible uso de información privilegiada ("Comprobar que Milei Familiares/vinculados operaron el criptotoken y se beneficiaron con ello o fue simplemente 'imprudencia' para copiar algo similar que lanzó la familia de Trump antes de acceder a la Presidencia")
• Manipulación de mercado: Art. 308 y 309 del Código Penal y Régimen de Transparencia de la CNV
• Intermediación no autorizada y/ o oferta pública irregular

Por último, el exfuncionario detalló que las modificaciones de la Ley de Mercado de Capitales y el Código Penal en 2012 para que "Argentina sea calificado como un país de altos estándares de regulación financiera y transparencia" tanto para IOSCO (regulador internacional de valores) como GAFI (organismo global antilavado) "dan todas las herramientas jurídicas para proteger al público inversor y penalizar fraudes que afecten la estabilidad financiera".

Y concluyó: "Un país que quiera recibir inversiones debe tener seguridad jurídica y reguladores activos para garantizar transparencia y legalidad".