La creación del REPROCANN en 2021 supuso una herramienta clave, ya que permitió a pacientes, cultivadores solidarios y organizaciones no gubernamentales producir cannabis bajo amparo legal. Sin embargo, el reciente decreto del Gobierno, que limita el número de pacientes que los cultivadores solidarios pueden asistir y establece nuevas exigencias para los profesionales médicos, entre otras medidas, pone en jaque el modelo actual.
Por otro lado, la intervención de ARICCAME dejó en suspenso el desarrollo industrial del cáñamo y el cannabis medicinal en el país. Este organismo, clave en la regulación de licencias para el cultivo y la producción de cannabis, fue intervenido con el objetivo de reorganizar sus funciones. Según el Gobierno, la intervención busca mejorar la eficiencia administrativa ante la falta de personal y la demanda insatisfecha de licencias para proyectos productivos.
Cuáles son los cambios decretados en el REPROCANN y cómo afecta a usuarios y profesionales
Una de las disposiciones determina que los médicos que prescriben cannabis deben estar registrados en la Red Federal de Profesionales de la Salud y contar con formación específica en el uso de cannabis medicinal, lo que podría reducir el número de médicos habilitados para emitir recetas. También, establece que los cultivadores solidarios no podrán tener más de dos pacientes a su cargo, lo cual complica el acceso a aquellos que dependen de redes solidarias y ONGs para su tratamiento. Además, se les exigirá a las ONGs que los integrantes de sus comisiones directivas no tengan antecedentes penales.
Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann) y director de Pampa Hemp, expresó a C5N que "el REPROCANN estaba encaminado a un reordenamiento inevitable, dado que en algún momento se perdió el foco sobre su finalidad principal". Según Fazio, el programa nació como un registro para descriminalizar el trabajo solidario y permitir el autocultivo terapéutico ante la falta de productos regulados, pero advierte que fue desvirtuado por "ciertos grupos que buscaron desdibujar los límites entre el uso recreativo y medicinal del cannabis, empleando interpretaciones ambiguas de las normativas para forzar escenarios".
"Creo que no sólo se ha minado la legitimidad del proceso y puesto en peligro el capital político necesario para profundizar estas iniciativas, sino que también ha generado desconfianza en ciertos sectores de la opinión pública, socavando los avances en áreas críticas como el acceso a tratamientos médicos", sostuvo Fazio, quien considera imprescindible "proponer una mirada crítica sobre el papel de la sociedad civil y sus dificultades para articular una agenda común en torno a la regulación del cannabis".
"Este proceso ha sido promovido por una diversidad de actores —que incluyen pacientes, organizaciones de salud, empresas privadas, ONG, y colectivos que abogan por la despenalización de las drogas— quienes, en muchos casos, no comparten intereses ni visiones unificadas. Su heterogeneidad, si bien refleja la riqueza de perspectivas, también ha generado contradicciones que complican una interlocución clara y coherente con los responsables de formular políticas", señaló el presidente de ArgenCann.
Por su parte, Marcos Chigal, abogado especialista en derecho penal y miembro de la ONG "RESET - Política de drogas y DDHH", advirtió que la resolución del Gobierno sobre el REPROCANN es "bastante restrictiva respecto de las maneras y los accesos a la sustancia y a los productos derivados del cannabis, fundamentalmente en lo que hace a las ONG y al cultivo solidario".
Pablo Fazio Marcos Chigal
Pablo Fazio, presidente de ArgenCann y director de Pampa Hemp (izquierda) - Marcos Chigal, abogado especialista en derecho penal y miembro de la ONG "RESET - Política de drogas y DDHH" (derecha)
Chigal puso especial atención en la norma que exige que los integrantes de las comisiones directivas de las ONG no tengan antecedentes penales. "Imagino yo que es por causas vinculadas a la ley de drogas. La gran mayoría de las personas que integran estas organizaciones seguramente en algún momento tuvo conflicto con esta ley penal", indicó a C5N.
También, sembró dudas sobre el hecho de que las ONG tengan que presentar listas de personas a las cuales le van a cultivar y que esas personas deban presentar una declaración jurada, a partir de la cual declaren bajo juramento que van a adquirir esos productos, previo a obtener la autorización. "Están dando información sin saber si la organización después va a ser autorizada o no al cultivo. Es un poco peligroso", señaló.
Además, describió como "restrictiva" la medida que dispone que los médicos tengan que contar con diplomatura o maestría en cannabis.
"Nadie discute que tengan que saber sobre cannabis, porque eso siempre está bueno y siempre es importante. Pero que eso sea una obligación legal me parece que es un poco exagerado, sobre todo cuando después no te brindan las herramientas para poder acceder a ese tipo de cursos, que son costosos y llevan tiempo. Aparte, esta es la única práctica en la cual se exige este tipo de cosas y especializaciones", apuntó Chigal.
ARICCAME, de la inacción a la intervención
El gobierno de Milei argumenta que la reestructuración es necesaria para dinamizar el sector. Sin embargo, hay incertidumbre respecto de si la intervención podría retrasar aún más el otorgamiento de licencias y dificultar el acceso a proyectos vinculados al cannabis medicinal.
Para Fazio, "es alentador que no se haya derogado la ley y que exista una cierta continuidad", aunque aclara que "el proceso de parálisis regulatoria comenzó prácticamente con la salida de Kulfas (se refiere a Matías Kulfas, exministro de Desarrollo Productivo durante el gobierno del Frente de Todos), y desde entonces hay poco que destacar, salvo el mérito de haber dado inicio a la ejecución de la ley con los permisos provisorios, aunque estos también han recibido diversas críticas".
"Personalmente, me preocupa que la intervención haya supuesto la eliminación de espacios de participación de la sociedad civil, como los consejos consultivos, que están consagrados por ley", agrega Fazio.
En cuanto a la designación de Ignacio Ferrari, médico con amplia experiencia en oftalmología y cannabis medicinal, al frente de ARICCAME, Fazio dice tener "una buena impresión", aunque advierte que "aún está por verse hasta qué punto tendrá libertad de acción y cuánta paciencia le puede seguir pidiendo al sector".
"La situación general de incertidumbre ha generado un fuerte desaliento en la inversión, lo que ha llevado a que muchas empresas enfrenten enormes dificultades para mantener sus actividades", señala el presidente de ArgenCann.
Chigal, por su parte, consideró que "ARICCAME nunca estuvo en funcionamiento" y solo al final de la presidencia de Alberto Fernández se otorgaron "algunos permisos provisorios para que quienes llevaban adelante actividades que parecían ser una industria".
"Lo hicieron solamente con seis empresas. La gran mayoría, empresas estatales de estados provinciales. Esos permisos se vencían ahora a fin de año porque duraban doce meses y nadie sabía cómo iban a continuar. Es una agencia que nunca otorgó una autorización o licencia, con lo cual nunca funcionó", afirmó Chigal.
"Lo mejor hubiera sido que pongan en marcha la agencia. Pero bueno, si la intervención permite que la agencia funcione, me parece positivo porque pondría en marcha una industria que ya está funcionando hace un montón de tiempo, pero sin autorizaciones, con todo el riesgo penal que eso implica para estas personas, de ser criminalizadas por las actividades que llevan adelante a partir de la ley de drogas, que tiene escalas penales de hasta veinte años de prisión", remarcó el abogado.
Un gran interrogante en torno al futuro del cannabis medicinal en Argentina
A lo largo de los últimos 20 años, Argentina ha sido testigo de avances importantes en materia de cannabis medicinal. Desde la aprobación de la primera ley que permitió el acceso controlado al cannabis terapéutico hasta la creación de ARICCAME, la trayectoria del país reflejaba un esfuerzo por regular la producción y el uso de esta planta, equilibrando entre el derecho a la salud y la seguridad pública. No obstante, las recientes medidas del Gobierno parecen revertir parte de esos avances.
En cuanto a la seguridad, tanto el acceso legal al cannabis como la participación de ONGs y profesionales formados en su uso terapéutico son fundamentales para evitar la criminalización de pacientes y cultivadores. En un contexto de creciente criminalización del uso no medicinal del cannabis, restringir el acceso regulado podría aumentar la marginalización de quienes dependen de la planta para sus tratamientos médicos.
Las medidas anunciadas por el gobierno de Milei abren un interrogante sobre el futuro del cannabis medicinal en Argentina. Mientras algunos temen un retroceso en los derechos conquistados, otros advierten sobre las implicancias que estas decisiones tendrán en la salud pública, el desarrollo económico y la seguridad de los usuarios.
